La justicia determinó, el primero de julio de 2010, que atenta contra la libertad de expresión y es censura previa, intimar a los anunciantes para que no se promocionen en determinado medio de comunicación.

La jurisprudencia fue establecida a propósito de un recurso de amparo incoado por la periodista Alicia Ortega contra el ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Héctor Rodríguez Pimentel, quien había intimado a los anunciantes del programa El Informe con Alicia Ortega para que no se anunciaran en ese espacio porque la iba a demandar porque a1egadamente lo estaban difamando.

Aunque después Rodríguez Pimente1 desistió de la acción legal que en esa ocasión interpuso a través de su abogado Carlos Balcácer, Ortega decidió continuar con el proceso y consiguió que, en una sentencia considerada histórica para los medios de comunicación, que la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional fallara a su favor.

Al respecto, el juez Pedro Reyna1do Vásquez Lora, mediante sentencia, señaló dieciséis puntos que «constituyen actos atentatorios a la libertad de información y a la censura».

Entre los puntos incluye «la intervención preventiva de cualquier autoridad pública o todo procedimiento encaminado a estorbar o impedir la difusión de ideas», 10 cual, a su entender, representa un acto coercitivo a la libertad de prensa.

Dicho magistrado también estableció en su sentencia que la intimación a los anunciante s para que no se anuncien en determinados medios, constituye una lesión al derecho a la información y la censura previa».

Añadió que, a pesar del desistimiento de Rodríguez Pimente1, «no se puede pecar de ser ingenuo cuando esto podría constituir un caldo de cultivo para situaciones similares (…) sino que queda evidentemente claro (…) que el acto procuraba crear esos efectos y que degenera otros tipos de acciones.

Entre los dieciséis puntos enumerados por el juez como forma de censura contra los medios citó desde «la prohibición de difundir ciertas ideas, y la intervención gubernamental de las empresas periodísticas», hasta «la aplicación de medidas fiscales que obstaculicen el normal funcionamiento de los medios de difusión». .