Son muchas y diversas las organizaciones que, sin previa presentación de credenciales sobre legalidad jurídica o legitimidad institucional, asumen de manera inconsulta la representación de la ciudadanía o de la sociedad civil para actuar como correa de presión social, política o económica, en beneficio o perjuicio de intereses innominados.

Con frecuencia, entidades de ese tipo se colocan a la vanguardia del debate público y hacen prevalecer sus sesgados o interesados criterios sobre planteamientos de instituciones tradicionales o de legítima representatividad como partidos políticos, iglesias, sindicatos, asociaciones agrícolas, gremios empresariales o entes académicos.

Un ejemplo sobre el multiuso de esa cuestionada representatividad lo constituyen grupos que se autodefinen como Comité, Consejo o Comisionado de derechos humanos, sin que sus eternos directivos presenten o exhiban auténticas calidades para actuar como tales o para postular a nombre de la colectividad nacional.

El presidente de uno de esos colectivos ha reclamado la destitución del jefe de la Policía, mientras otro con el mismo rango, denuncia el supuesto intento de desalojo de más de mil campesinos en la zona minera de Pueblo Viejo, pronunciamientos estrambóticos que se pretenden difundir en nombre de colectividades que no han dado consentimiento.

A lo que se aspira es a que la sociedad nacional pueda disponer de auténticas instituciones que representen sus diversos segmentos sociales o comunitarios, inmunes a infecciones o malos olores que transmiten burdos intereses locales o foráneos.

No es saludable para el espacio democrático que cualquier mortal se agencie una institución de portafolio para provecho propio, o que grupos corporativos operen en representación y nombre de la sociedad civil para obtener ganancias propias en admitida sociedad con intereses supranacionales.

El consentimiento y la representatividad son figuras esenciales en el ordenamiento jurídico nacional y pilares fundamentales de la democracia política y de la convivencia social. Por tanto, es menester que la propia ciudadanía censure que individuos o élites usurpen su nombre en espurios lobismos.

Falsos apóstoles, en sí o para sí, procuran mediante el uso y abuso de burdos mecanismos de presión pública, desvirtuar consolidados y unificados criterios de la población sobre cómo afrontar males mayores, como criminalidad, narcotráfico e inmigración descontrolada.

Es menester, pues, que al momento de considerar los planteamientos que se vierten en nombre de una sociedad inconsulta, se intime a los postulantes a que presenten calidades para actuar y obrar en nombre de una colectividad que nunca les ha dado consentimiento como tales.