En un giro sorprendente, el gobierno ha optado por firmar el Pacto Ambiental para la defensa de las Áreas Protegidas, en plena temporada festiva, específicamente el 2 de enero de 2023, y en medio de una intensa época electoral.

Esta estrategia, lejos de reflejar un compromiso real con la protección de los recursos naturales, parece ser un intento calculado de aprovechar la buena voluntad de quienes, genuinamente, buscan salvaguardar nuestros recursos naturales y que, sin esperarlo, le brindaron la oportunidad de “fotos acompañadas de gigantescos titulares” a un gobierno que implantó el récord de RD$8,000 millones en el 2023, en publicidad propagandística.

Creemos que con esta firma, Luis Abinader trata de esconder la maquiavélica complicidad gubernamental en los graves ecocidios que continúan pasando desapercibidos por la mayoría de la población.
La lista de atrocidades ambientales perpetradas bajo la mirada cómplice del gobierno es alarmante.

Desde la destrucción masiva de manglares en Bucanye (Pedernales), Manzanillo (Monte Cristi), Puerto Viejo (Azua), Veralarga (Puerto Plata) y El Limón (Samaná), hasta la invasión y depredación persistente en Loma Novillero, demuestran que la administración actual está lejos de cumplir con su deber constitucional de proteger el medio ambiente.

El refugio de vida silvestre en Laguna Prieta, Santiago, ha sido víctima de una depredación continua. Salto Aguas Blancas está siendo invadido, y Playa Los Negros de Azua, designada como refugio de vida silvestre, ha experimentado la muerte de miles de peces y especies debido a derrames de combustible.

Estos ecocidios se extienden a áreas protegidas emblemáticas como la Sierra de Bahoruco, el Pico Diego de Ocampo, la Cordillera Central y Los Haitises, todas afectadas por invasiones, deforestación y deterioro ambiental. Las Dunas de Baní no han escapado a la extracción de arena dentro de su área protegida, al igual que Loma Guaigüí en La Vega y Loma Siete Picos, donde la presa sobre el río Masipedro ha resultado en una serie de devastaciones ambientales.

La larga lista de agravios se complementa con la falta de recursos económicos y humanos para la prevención y extinción de incendios forestales, la visión mercantilista y cortoplacista de todo el patrimonio natural relativo al agua, el inexistente manejo de los residuos sólidos (pese a la reciente aprobación de su correspondiente ley), todo ello sin mencionar las acciones de empresas internacionales respaldadas por el gobierno.

Por: Felipe Lora Longo