SAN JUAN, Puerto Rico. (elnuevodia.com). Un policía que se jactó de haber asesinado a un individuo para luego sepultarlo en cal, varios que alegaron tener contratos para matar a ciudadanos y un teniente de Vega Alta arrestado junto a los ocho agentes bajo su mando.

Aunque estos relatos parecen sacados de un libro de ficción, en realidad fueron hechos por los propios agentes durante las grabaciones que les tomaron agentes encubiertos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y que propiciaron ayer el arresto de decenas de miembros de la Policía en el operativo anticorrupción policiaca más grande de la historia de Puerto Rico y Estados Unidos.

El director del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, confirmó que los relatos están en 125 transacciones de drogas grabadas en audio y vídeo en las que se ve a 89 oficiales de ley y orden en total ofreciendo seguridad con sus armas de reglamento en compras y ventas de más de cinco kilos de cocaína.

Fraticelli destacó en conferencia de prensa que las grabaciones muestran a un policía describirles a agentes encubiertos del FBI cómo podía robar escopetas y radios de la Policía y ponerlos a la venta en el bajo mundo.

Asimismo, otra grabación muestra a un policía revelar que prestaba seguridad a puntos de drogas y alertaba a los narcos de futuras redadas.

En total, 133 individuos, entre los que figuró el guardia nacional Abraham González Sánchez, tío paterno del niño asesinado Lorenzo González, fueron acusados por un gran jurado en 26 pliegos acusatorios distintos.

Los arrestados fueron 61 policías estatales, 16 municipales de San Juan, Toa Baja, Vega Baja, Guaynabo y Maricao, 12 oficiales de corrección, tres miembros de la Guardia Nacional, dos oficiales del Ejército de Estados Unidos, siete ex policías y 32 civiles. Alrededor de 750 agentes del FBI, de varias jurisdicciones de Estados Unidos, participaron en el operativo.

Uno de los arrestados, el policía David González Pérez, fue grabado en 15 transacciones y, de ser encontrado culpable, se expone a una sentencia de hasta 450 años de prisión. Otro arrestado está adscrito a la Unidad de Transporte de La Fortaleza, pero se indicó que no tuvo ningún contacto con el gobernador Luis Fortuño ni con otros miembros de su familia.

Las acusaciones produjeron una profunda sacudida en el País ayer y propiciaron incluso que el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, quien normalmente reserva sus apariciones públicas para casos del más altísimo nivel, realizara una conferencia de prensa en Washington para hacer el anuncio junto a la jefa de la Fiscalía Federal en San Juan, Rosa Emilia Rodríguez.

Ésta es la investigación de corrupción más grande en la historia del FBI, dijo Holder.

Las 26 acusaciones sostienen que todos los oficiales y los civiles brindaron seguridad con armas de fuego a traficantes de droga y, a cambio de sus servicios, recibieron pagos de entre $500 hasta $4,500 por transacción.

María Domínguez, subjefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, explicó que en cada transacción participaron al menos dos encubiertos, uno que fungía como policía corrupto y planificaba las transacciones y el otro que actuaba como el comprador de la droga.

También participaba un encubierto quien actuaba como traficante de drogas y guardaba en un apartamento alquilado la presunta droga. Antes de la transacción, el confidente acordaba con los oficiales acusados los detalles del servicio de seguridad que iban a proveer y la cantidad de dinero que se les iba a pagar al concluir la misma, dijo Domínguez.

Los agentes arrestados tenían el rol de registrar a los compradores con el fin de verificar que no tuviesen armas ni estuviesen alambrados, proveer protección con armas de fuego, tanto al confidente como al encubierto, hacer vigilancia alrededor del apartamento y proveer inteligencia sobre la presencia de la Policía en el área.