La explicación del presidente Leonel Fernández en torno a la adquisición por parte del Estado de la porción accionaria de Distribuidora de Energía del Este (EdeEste) revela que República Dominicana aun está expuesta a tropelías de nuevos filibusteros financieros que llegan vestidos de inversionistas extranjeros.

El Gobierno, según ha señalado el Presidente, no tenía interés en adquirir esa empresa, pero a causa de múltiples demandas incoadas por una entidad que administra fondos de inversión, que a su vez había adquirido las acciones de AES Powell por el precio simbólico de dos dólares, obligó a una transacción de compra por 26.5 millones de dólares, como condición para el desistimiento.

En efecto, la empresa The Trust Company of de West (TCW), subsidiaria de Societe Generalite, uno de los principales bancos de Francia, intentó dar un golpe financiero contra el Estado dominicano al demandarlo ante cuatro tribunales arbitrales 2, 400 millones de dólares.

Llama la atención que AES Powell traspasara sus acciones en esa empresa distribuidora de electricidad por 2 dólares a una administradora que demandó al Gobierno.

EdeEste, que estuvo bajo administración de la estadounidense AES Powell, propietaria también de generadoras, gaseoductos y puertos de gas natural, se dice ha tenido el peor desempeño entre las distribuidoras de electricidad.

Con bajo índice de facturación y enormes deudas acumuladas, EdeEste fue traspasada a la TWC por el precio de dos dólares, con la evidente intención de procurar que los tribunales internacionales de arbitraje condenaran al Estado dominicano a pagarle al menos 600 millones de dólares, con lo cual se completaría un negocio redondo.

Tiene razón el presidente Fernández al reclamar que litis de este tipo sean conocidas por tribunales nacionales, toda vez que la conformación de esas cortes de arbitraje está diseñada para beneficio de grandes economías y empresas multinacionales y consiguiente perjuicio de estados emergentes.

La historia de EdeEste, una empresa virtualmente quebrada, traspasada por dos dólares a un banco extranjero de inversión con el único propósito de intentar obtener más de 600 millones de dólares por vía de la extorsión jurídica, sirve para que Gobierno y sociedad reflexionen en torno al hecho cierto de que la República es todavía tierra apetecida por filibusteros.