Cerca de tres mil millones de pesos recibirán los partidos políticos desde el Estado para el 2011 y 2012. Es razonable esperar que el monto invertido por el sector privado en las campañas duplique esa cantidad. Aunque resulte poco probable que los partidos políticos accedan a modificar la Ley a los fines de dejar de percibir dinero del Presupuesto Nacional, la realidad del país ha variado de forma tal que se hace necesario el inicio de un diálogo para replantear el tema del financiamiento de las campañas políticas.

Hay un problema de falta de transparencia, equidad y exposición a riesgos relacionado al tema de los partidos políticos y los fondos que reciben, que hoy, más que antes, tienen mayor relevancia para nosotros como contribuyentes y gobernados.

Los partidos se han escudado en el debatible carácter privado de sus organizaciones para preservar una cultura de poca transparencia. Como plataforma impuesta por la Ley y confirmada por la Constitución para el ejercicio del derecho a ser elegido, en adición a su manejo de fondos públicos, y que su esencia misma es alcanzar el control de las riendas del Estado, éstos están llamados a tener mayores niveles de transparencia y de publicidad de la información, de lo que debe, por ejemplo, un colmado, que también se considera una empresa de carácter privado.

Es cuestionable que una sociedad como la dominicana, que se ufana de democrática, se dé el lujo de admitir que la acción del Estado pueda quedar subordinada a la voluntad de un solo o a un reducido grupo de contribuyentes de campaña, al no trazar un límite al monto de esas donaciones. Es atemorizante la idea de que sea plausible que uno de esos contribuyentes de campaña sea un narcotraficante, y que no sólo no pueda ser detectado por los órganos de seguridad del Estado, sino que nunca se sepa.

Pero es realmente penoso saber que son los mismos partidos políticos, que ostentan el monopolio sobre el quehacer legislativo y venden la imagen de actuar con transparencia, los primeros en poner resistencia a medidas que garanticen el ejercicio plural de la democracia y evitar que sus organizaciones sean infiltradas por males como el narcotráfico.

Necesitamos una ley que transparente las contribuciones de campaña y erradique la obligación del Estado de dar parte de su presupuesto a organizaciones como los partidos. La ley debería estar llamada a fijar límites de contribución por persona, prohibir las contribuciones de personas morales, someter a los partidos a las disposiciones de la Ley de Lavados de Activos sobre reportar a las autoridades aquellas donaciones que excedan cierta suma para la depuración del donante, establecer una publicidad obligatoria de todos los donantes y el monto donado, y finalmente otorgar a la JCE calidad para auditar el financiamiento total de los partidos políticos.

Es probable que de lo anterior deriven efectos positivos adicionales como la erradicación de los partidos rémoras y presentar dificultades al ejercicio de la política clientelista. Y parecería, para nosotros los ciudadanos, un negocio demasiado bueno como para no hacerlo. Lamentablemente no dependerá de nosotros sino de ellos.