La empresaria Elena Viyella y Servio Tulio Castaños Guzmán, ejecutivos de Finjus, junto al director del periódico El Día, José Patricio Monegro, encabezan la mesa principal en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio./Foto José de León.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer “excesivo” el número de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público del país como medida de coerción y criticó que las mismas sean concedidas masivamente por los jueces.
“El Ministerio Público es una parte del proceso penal, pero los jueces están para garantizar derechos y de actuar imparcial”, manifestó el vicepresidente de la institución, Servio Tulio Castaño Guzmán.
Criticó que el 90% de los casos que llegan al sistema judicial son procesados y que no hay forma de sostener un sistema penal en esas condiciones.
Castaños Guzmán externó sus consideraciones durante una entrevista en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Estuvo acompañado de la empresaria Elena Viyella y Rafael Izquierdo, altos ejecutivos de Finjus.
El vicepresidente de la entidad de la sociedad civil dijo que la Justicia dominicana negocia solo el 10% de los casos, cuando debería ser lo contrario, que se lleguen a acuerdos con los involucrados en el 90%. “No hay forma de que un sistema penal se sostenga cuando el 90 % de lo que le llega al sistema termina conociéndose en un tribunal. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a evaluar”, significó.
Volumen expedientes
Castaños Guzmán criticó, también, la lentitud que se observa en los procesos judiciales del país y atribuyó el hecho a que el contenido de los expedientes instrumentados por el Ministerio Público son muy voluminosos.
Consideró que esos expedientes no tienen que estar en miles de páginas.
Indicó que, en Estados Unidos, por ejemplo, los expedientes no llegan a 80 páginas. Indicó que la misma situación se produce en otros países del mundo donde los sistemas judiciales funcionan correctamente.
Manifestó que esas naciones se enfocan en la parte criminal que tiene que ver con la corrupción y no desde el punto de vista económico.
“Es que es un crimen desde el punto de vista institucional, porque lo que más corroe es la corrupción; entonces también los actores tienen que entender que los casos no se sustentan sobre la base de teorías, sino de pruebas”, insistió.
El dirigente de la sociedad civil cuestionó, además, que en República Dominicana las víctima se sientan desprotegidas por el Ministerio Público, cosa que no sucede con los imputados representados por la Defensoría Pública.
Nueva Constitución
Sobre la reciente reforma constitucional promovida por el presidente Luis Abinader, Castaños Guzmán dijo que a Finjus le hubiera gustado que tocaran aspectos tan importantes como la Cámara de Cuentas, institución que ha sido muy cuestionada.
“Y esta misma reforma constitucional implica que teníamos que reformar 6 leyes, como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el reglamento de este, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el tema de los procuradores generales adjuntos, que nombra ahora el CNM”, insistió el ejecutivo.
Indicó que Finjus participa en la reforma de la Policía Nacional, proceso que inició con la mejora de las condiciones laborales de los miembros de esa entidad y que se extenderá en el tiempo.
Historia de vigilancia
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) tiene 34 años de fundada, vigilando que las instituciones nacionales funcionen apegadas a las leyes y la Constitución. Servio Tulio Castaños Guzmán, presidente de la entidad, asegura que, en ese tiempo, ha participado en procesos trascendentales para la preservación de la institucionalidad del país.
Se refirió, por ejemplo, a su participación en las reformas constitucionales de 1994 y del 2010. Dijo que no participó en las reformas de los años 2002, 2015 o 2019, porque impulsaban la reelección presidencial.