El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, exigió hoy a los funcionarios públicos respetar la Ley Orgánica del Régimen Electoral que les prohíbe participar en actividades proselitistas en favor de un candidato o partido político.
Explicó que en su artículo 196 la Ley Electoral establece que “los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio”.
“En la actual coyuntura, nos hemos dirigido a los precandidatos que se encuentren vinculados al tren gubernamental, sin importar su bandería política, a respetar las leyes vigentes al respecto, en especial de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19”, informó.
Criticó que en República Dominicana exista una vieja práctica de irrespeto a las leyes y dice que si los infractores no sufren las consecuencias de lo que establece la ley se podría volver a viejas prácticas que romperían la esencia democrática y dañarían la seguridad jurídica.
Castaños Guzmán dijo que la Ley 15-19 Orgánica Electoral contiene normas que impiden, específicamente, prevalerse de un cargo público para realizar campaña a favor de uno u otro partido, agrupación o movimiento político determinado.
“A la luz de las informaciones que aparecen en diversos medios de comunicación en el sentido de que algunos funcionarios públicos se encuentran actualmente realizando actos de campaña a favor de candidatos específicos, advertimos que ese comportamiento implicaría un agravio al principio de legalidad y a la naturaleza de sus funciones, lo que es contrario a la Constitución”, expresó.
El jurista agregó que de persistir estas conductas se produciría una lesión en nuestro ordenamiento jurídica que podría acarrear consecuencias negativas para el proceso electoral en sí”.
Lamentó que “en nuestro país sufrimos por largo tiempo las consecuencias de no contar con una Ley de Partidos y las modificaciones sustanciales al régimen electoral, lo que conllevó a irregularidades y anomalías. La situación presente indica que si no se controla esta cultura de irrespeto a las leyes y se imponen consecuencias a quienes lo hacen, volveremos a observar viejas prácticas que rompen con la esencia democrática y van en detrimento de la seguridad jurídica, causando confusión y estancamiento en la confianza ciudadana”.
Explicó que es necesario que los funcionarios públicos se aboquen al cumplimiento de los principios fundamentales que dan origen al Estado social y democrático de derecho y a las legislaciones que de allí nacen.
El presente proceso electoral cuenta con normas y procedimientos que deben ser asumidos con firmeza, tanto por los precandidatos, como por la ciudadanía y los poderes públicos, expresa Castaños Guzmán en un documento.
Un Apunte
Otras leyes
También la ley 33-18 de Partidos Políticos y 41-08 de Función Pública son vulneradas por la participación de 15 ministros del Estado en la campaña proselitista en favor del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo. Sin embargo Ramón Ventura Camejo niega que con ello se violen normativas.
