Dentro del proceso de reformas a que se aboca el país tendrá necesariamente que tomarse en cuenta el caso de los partidos minoritarios. Más que grupos para incidir en la solución de problemas locales o que perjudiquen a minorías esos partidos, salvo honrosas excepciones, operan como franquicias con un alto costo para el erario. De no ser por el clientelismo muchas de esas agrupaciones, carentes de un liderazgo coherente, hace tiempo que hubieran desaparecido. A la luz de los resultados de las pasadas elecciones la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha puesto el dedo en la llaga al plantear la necesidad de evaluar el rol de las organizaciones. El Estado no se puede permitir financiar partidos sin vocación de poder, cuya existencia está dada con el propósito de buscar ventajas a la sombra de los grandes partidos. Finjus tiene razón al señalar que los resultados electorales “dejan al desnudo la realidad de esos partidos como entidades que en su mayoría no reflejan una vocación democrática clara” por la ausencia de proyectos que fortalezcan la pluralidad democrática. Lo más indicado, en consecuencia, es que se revise el rol de esas organizaciones.