El arresto de siete directivos de una cooperativa de ahorro y crédito implicados en un fraude por cerca de dos mil 500 millones de pesos renueva el reclamo para que las operaciones financieras en ese tipo de instituciones sean reguladas por un órgano estatal como la Superintendencia de Bancos.

Mediante la puesta en marcha de la Operación Búho, el Ministerio Público apresó al grupo de ejecutivos de la Coop-Herrera, a quienes acusa de simular préstamos, emitir certificados financieros inorgánicos, entre otros ilícitos penales, con el objetivo de distraer el dinero de asociados y ahorrantes.

Esa cooperativa cerró operaciones al detectar el Instituto de Crédito Cooperativo (Idecoop) irregularidades administrativas y operacionales, pero ahora más de 20 fiscales y un centenar de policías y agentes especiales ocuparon inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas.

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No debería negarse que el movimiento cooperativo nacional adolece de profundas debilidades de regulación y control, que convierten a sus instituciones en proclives a fraudes, receptoras de activos tóxicos o de uso privilegiado de activos de ahorrantes y depositantes e incluso del patrimonio.

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones sin fines de lucro creadas para prestar servicios a sus socios mediante un modelo de negocios financieros similar al de los bancos y asociaciones mutualistas, pero sin el rigor de fiscalización que tienen las instituciones de intermediación financiera.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado armonizar la regulación que se aplica a los bancos con los requerimientos de fiscalización de las cooperativas a los fines de evitar el alto riesgo operativo en el sistema de ahorro y crédito cooperativo.

Las cooperativas contribuyen a consolidar el ahorro nacional mediante una gestión de negocios basada en la solidaridad, pero sus debilidades operativas atentan contra su propia supervivencia, en desmedro de sus socios y ahorrantes, por lo que el Congreso debería legislar para subsanar esos riesgos.

En torno a la acusación de fraude por al menos RD$2,500 millones en perjuicio de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, a lo que se aspira es a que se recupere el dinero presuntamente malversado y a que los supuestos defraudadores vayan a parar con sus huesos a la cárcel.