El anuncio de asociaciones de productores de Licey al Medio, Santiago, de que procuran armarse para enfrentar por su cuenta a la creciente delincuencia, refleja el elevado grado de agobio y hastío de las comunidades ante un flagelo en auge que se expande como fuego en pradera seca.

No resulta de buen augurio que ante el acoso de la criminalidad, las poblaciones se obliguen a asumir papeles que la ley asigna a la Policía, institución que carece de instrumentos básicos para enfrentar el incremento de crímenes y delitos, que además procura expulsar de su seno muchos delincuentes hoy a cargo de perseguir delincuentes.

El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas, Ambiorix Cabrera, dijo que ante el elevado número de acciones delictivas que se registra en la zona de Licey, los munícipes están resueltos a agenciarse armas de fuego para salir a combatir a los delincuentes, repuesta inadecuada que parece tomar cuerpo en muchas otras comunidades.

Las autoridades tendrán que agenciarse buena dosis de calidad moral para poder convencer a los ciudadanos de ese municipio de que Policía y Fiscalía estarían en capacidad y voluntad de garantizar el sosiego colectivo ante la ofensiva que ha desatado la delincuencia en términos de asesinatos, atracos, asaltos, narcotráfico y robo agravado.

Más que pretender apagar fuego con fuego, la comunidad de Licey debería aplicar la fórmula que ha encontrado su vecino Santiago para disminuir la criminalidad, mediante la creación de un voluntariado ciudadano, que sin reemplazar a Policía ni Fiscalía desempeña un papel de activo colaborador en la ejecución de políticas y acciones de prevención y combate a la delincuencia.

La botija

Difícil será para Gobierno, sector empleador y centrales sindicales poder explicar y justificar el extraño reparto de diez mil millones de pesos acumulados desde 2004 por el Consejo de la Seguridad Social para la Administradora de Riesgos Laborales.

El Gobierno recibirá de inmediato unos tres mil, de los cuales mil serían usados en la reparación y construcción de locales del Instituto de Seguros Sociales y dispondrá a su mejor discreción de los dos mil restantes. A los empresarios se les aplicarán créditos por seis mil 994 millones, pese a que se dice que sólo deberían endosarse unos cinco mil millones.

Las centrales sindicales también alcanzaron su tajada, al recibir unos 60 millones de pesos, con lo cual la botija quedó totalmente exhausta, sin posibilidad de crear fondos de reservas para accidentes laborales y peligro de que la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) pase de bonanza a déficit crónico.

Alguien debería explicar mejor tan extraño reparto, aunque sea para guardar las apariencias.