A casi seis meses de la “fuga” de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), las autoridades parecen no tener el mínimo indicio del paradero del sicario condenado a 30 años de cárcel, o no se ha hecho ningún esfuerzo serio para su captura.

Castillo Paniagua se “fugó” el 5 de julio de este año, luego que fuera declarado muerto por el médico legista Orlando Herrera Robles y desde esa fecha hasta ahora ha sido poco o casi nada lo que se conoce sobre el lugar donde se encuentra.

Con relación al caso, la Procuraduría General de la República ha interrogado a más de una veintena de personas y tras concluir las pesquisas ha dejado su captura en mano de los organismos investigativos del Estado, sin formular cargos a ninguno de los interrogados.

De lo único que los organismos investigativos aseguran es que Quirinito no se encuentra en el país y que pudo haber salido por la frontera.

Su fuga se orquestó de tal forma que pareció una trama perfecta, pero al final fue descubierta tras una investigación que ordenó hacer el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Según se supo el procurador reaccionó de forma airada cuando se enteró meses después de la “muerte y sepultura” de Quirinito, por lo que comisionó al procurador adjunto Bolívar Sánchez para que realizara una investigación.

Sánchez concluyó la investigación y el sometimiento a la justicia de los responsables de la fuga se encuentran a expensas de que los organismos de seguridad localicen al prófugo.

Conforme al Código Procesal Penal, para que los responsables de la fuga puedan ser sometidos a la justicia, primero debe encontrarse a Quirinito para que sea presentado como un caso concreto ante un juez.

“En difinitiva, si no encuentran a Quirinito no existe un expediente como tal, lo que dejaría fuera del alcance de la ley a los imputados de su “fuga”, dijo una fuente consultada por El Nacional.

Sus hechos
A Quirinito se le acusa de una serie de asesinatos, entre ellos el del supuesto narcotraficante español Adolfo Cervantes Arellano (Walkiki), quien era investigado por el asesinato del agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) Guillermo Tejada Krawinkel.

Su apresamiento se produjo por primera vez el 14 de enero del 2009, junto Jovanny Antonio Padilla Santiago, por el asesinato de Cervantes Arellano.
Días después, el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal les dictó tres meses de prisión preventiva.

A partir de ahí, acompañado por la “suerte” o la ayuda del sistema judicial logró salir en libertad en varias ocasiones antes de que fuera condenado a 30 años de cárcel.
Su primera orden de libertad la obtuvo el 13 marzo 2009 de la jueza de la Instrucción de San Cristóbal, Regina Carvajal.