El presidente Danilo Medina ha ordenado remitir al Ministerio Público el informe de una comisión oficial que comprobó anomalías en ventas de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), incluida la transacción irregular en perjuicio del asesino de dos locutores en San Pedro de Macorís.

Los comisionados Flavio Darío Espinal, Lidio Cadet y José Dantés informaron que el CEA vendía un mismo inmueble a diferentes personas, incluido un lote de 195 tareas negociadas con José Rodríguez, sindicado homicida de los locutores Leonardo Martínez y Luis Manuel Medina, de quien la Policía dijo se suicidó.

El hecho cierto es que la comisión presidencial pudo constatar con documentos y por denuncias de personas estafadas que en ese consorcio estatal opera una mafia o que al menos prevalece un desorden colosal, en el que se incluye la prevaricación.

La comisión apenas ha tocado la punta de un iceberg capaz de hundir al mismo Titanic, porque todavía falta indagar operaciones que involucran grandes extensiones de terrenos con vocación urbanística, agrícola, turística y minera. Entonces será cuando la marrana arqueará el pedúnculo.

El presidente mantiene incólume su decisión de enviar por ante el Ministerio Público todas las denuncias comprobadas sobre posible ilícito penal en el ámbito público, pero falta todavía que los fiscales den señales de que están despiertos.

La misma comisión que indagó denuncias sobre corrupción en el CEA, también comprobó irregularidades en una operación de ventas de terrenos donde se asienta el barrio Los Tres Brazos, encaminado por la dirección de Corde, consorcio estatal que ha sido disuelto. Ese caso fue enviado a la justicia.

La historia de la lucha contra la corrupción tendría un final feliz si el Ministerio Público actuara con mayor diligencia y voluntad ante todos los casos de prevaricación o cohecho remitidos por el Poder Ejecutivo, víctimas, instituciones de la sociedad o cualquier particular, con la sola condición de que la denuncia esté acompañada de algún mérito procesal o probatorio.

Los fiscales no están para archivar expedientes ni para pronunciar dictámenes venales.

La sociedad está compelida a alentar al presidente Medina a continuar con la fumigación moral y ética en todos los estamentos de la administración pública, y al Ministerio Público y orden judicial, la de completar esa tarea de limpieza.