Santo Domingo.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca transformar la administración de justicia en la República Dominicana, corrigiendo una deficiencia histórica que data de 1964, al separar funciones administrativas del órgano persecutor. La nueva institución promete un impacto directo en la eficiencia, transparencia e independencia del sistema judicial, según establece el reglamento que crea la nueva institución contenido en la Ley 80-25.

Uno de los impactos más significativos es la liberación de la Procuraduría General de la República de responsabilidades que actualmente desbordan sus atribuciones constitucionales.

Al transferir la gestión de cárceles y trámites administrativos al nuevo Ministerio, el MP podrá concentrarse exclusivamente en la persecución penal y la lucha contra la criminalidad, fortaleciendo su independencia funcional frente al Poder Ejecutivo.

El Ministerio asumirá el control total del sistema penitenciario, incluyendo el Modelo de Gestión Penitenciaria y la Escuela Nacional Penitenciaria.

Puedes leer: Antoliano Peralta y Jorge Subero Isa asumen sus nuevos cargos

El objetivo principal de este cambio es garantizar que el sistema no solo custodie, sino que logre la rehabilitación y reinserción social efectiva de los internos, cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos.

La creación de este Ministerio impactará trámites cotidianos que suelen ser burocráticos:

Antecedentes Penales

El registro de condenados y la expedición de certificaciones estarán bajo una gestión administrativa especializada. El trámite para que abogados y notarios obtengan su licencia de ejercicio será gestionado por este órgano.

Implica también la creación de una estructura clara para el cobro de las multas impuestas por los tribunales, lo que asegura que estos recursos lleguen efectivamente al Estado.

Un punto de gran impacto social que tendrá según se desprende de su reglamento es la gestión de los bienes incautados en procesos penales.

El Ministerio presidirá el Consejo que administra esos activos, y la ley establece la obligación de destinar un quince por ciento (15%) de los beneficios generados a la realización de programas y obras comunitarias que beneficien directamente a la sociedad.

Vigilancia de los Derechos Humanos

Este nuevo esquema institucional, alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, elimina la duplicidad de funciones y crea un interlocutor permanente para coordinar las reformas necesarias en el sector justicia.