La Fundación Pro-Desarrollo de Monte Plata (Fundemopla) y otras organizaciones sociales anunciaron este sábado que demandarán ante el Tribunal Superior Administrativo a la Presidencia de la República y a la Fundación Macarrulla, por disponer la búsqueda exclusiva de los restos del cacique Enriquillo en la antigua iglesia de Las Mercedes de Azua, descartando al pueblo de Boyá.
Alberto Tavárez, abogado de Fundemopla, explicó que la búsqueda de los restos de Enriquillo en Azua desconoce los documentos históricos que prueban que Boyá fue el último asentamiento indígena luego del acuerdo del jefe taíno con el Reino de España en 1533, según lo han establecido José Gabriel García y otros reputados historiadores.
A su juicio, descartar “de manera alegre e interesada a Boyá” como posible lugar de última morada de Enriquillo, sin una base en los registros históricos, constituye una acción de discriminación que afecta el derecho de la provincia Monte Plata a enarbolar su valor histórico, lo que también limita las posibilidades de desarrollar sus planes de turismo histórico-cultural.
Tavárez señaló que el decreto 183-21, de fecha 3 de diciembre de 2021, que creó la comisión para la localización de los restos de Enriquillo, establece que esta está presidida por el ministro de Cultura. Sin embargo, el PROPEEP y la Fundación Macarrulla, que no están incluidos en la disposición presidencial, han asumido el protagonismo del proyecto sin transparentar los gastos ni los procedimientos de ejecución.
Indicó que solicitarán al Tribunal Superior Administrativo que suspenda las excavaciones en Azua.
