Nuestros legisladores, constituidos en Asamblea Revisora, han dedicado varios meses al estudio y discusión de la propuesta de Reforma Constitucional sometida por el Poder Ejecutivo. Por la calidad profesional que se le reconoce al presidente Leonel Fernández y a los juristas que participaron en su elaboración, se debería esperar una Constitución vanguardista y respetuosa de los derechos humanos. Una Carta Magna propia del siglo XXI, para un pueblo que lucha por subir al progreso. Una Ley de leyes que se corresponda con el discurso oficial de modernidad, cuyos íconos son el Metro de Santo Domingo, Internet, la telefonía celular y, ahora, la llegada de la televisión digital.

Pero la Reforma Constitucional parece tomar el camino polvoriento del pasado, empedrado de prejuicios, injusticias y oscurantismo clerical. A modo de ejemplo, una de esas piedra: los hijos e hijas de inmigrantes indocumentados (léase haitianos) nacidos en territorio dominicano no recibirán la nacionalidad dominicana. Continuarán siendo ciudadanos del viento, lo que es lo mismo que parias.

Otras infames piedras decimonónicas: las niñas y mujeres pobres que pongan en riesgo su vida a causa de un embarazo, continuarán muriendo, aumentando nuestras inaceptables cifras de mortalidad materna. Las niñas o mujeres violadas tendrán que aceptar el embarazo provocado por el violador. Es el castigo que les toca por ser mujeres pobres, pues las ricas podrán interrumpir el proceso en Puerto Rico o Miami.

Las mujeres con un embarazo malformado, tendrán que mantener el embarazo hasta que llegue a su fin, esperar las 40 semanas o esperar que muera. Ella no puede elegir vivir. Las mujeres con dispositivo intrauterino, un método anticonceptivo, pasarían a vivir en la inconstitucionalidad. De momento criminalizan evitar los embarazos no deseados, como en la España de la dictadura de Franco. Las vidas de todas ellas, como los derechos a la nacionalidad de aquellos, se las llevará el viento.

Las parejas con problemas de infertilidad, que deseen procrear, no podrán acceder a las técnicas de fertilización in vitro, porque en nuestro país pasaría a ser inconstitucional, un delito. Las parejas infértiles con recursos viajarán al exterior, mientras que para las de los segmentos pobres y para las de la empobrecida clase media, por su imposibilidad de viajar, su oportunidad de tener hijos e hijas será lo que el viento se llevó.

Bien harían los legisladores y el Presidente, en medio de estos vientos indeseados, enderezar el rumbo en el próximo recodo del camino.