Me alegra saber que no he perdido mi capacidad de asombro. En el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), representantes empresariales, sindicales y el gobierno, han ratificado la resolución de apropiarse y repartir, casi 10 mil millones de pesos acumulados en el fondo de los riesgos laborales a partir del 2004 y hasta el 3 de diciembre del 2010.

Los accidentes laborales son aquellos que ocurren en lugar de trabajo, cuando vas o regresar del área laboral, o cuando el oficio es la causa de una enfermedad. Me niego a creer que somos el país de mayor seguridad laboral de la región. El promedio latinoamericano de accidentes laborales oscila entre 5 y 9 por ciento, según estudios realizados por Fidents Invertment LTD, En Republica Dominicana la tasa es de apenas el 1 por ciento. Los accidentes laborales no se están remitiendo, en ocasiones debido a ignorancia, la empleomanía no conoce sus derechos, no los pueden demandar, en otros casos por desidia o desconocimiento del departamento de recursos humanos.

No es que hay seguridad laboral, es que los accidentes se canalizan a través del Seguro Familiar de Salud (SFS). La repartición de los fondos de riesgos laborases, es un incentivo a que se recargue el SFS con sus nefastas consecuencias: aumento en los costos, no ampliación de la cobertura de beneficios para las y los asegurados, menos acceso a medicamentos, no incremento en los topes de cobertura, en definitiva el SFS tiene mayor riesgo de caer en déficit.

No hay hacedero legal para el CNSS festinar los fondos de los riesgos laborales, la decisión se tomo por reclamo del sector empleador, suscrito por Lisandro Macarrulla y Marisol Vincens. Es imperioso recordar que los riegos laborales deben ser pagados por el empleador, el sector más monolítico en el CNSS, reconocido por su discurso legalista para mantener sus intereses, hoy el sector empresarial abraza la ilegalidad, recibiendo casi 7 mil millones de pesos.

Con capacidad de veto, la central sindical, se deslumbró con la eventual entrega de 60 millones de pesos, firmaron los sindicalistas Gabriel del Río, Pepe Abréu y Jacobo Ramos. El Gobierno se adjudica 3 mil 12 millones 856 mil pesos, en momento de crisis y en campaña son codiciados.

La oposición enmudece, no quiere provocar urticaria, solo se escucha el reclamo del Colegio Médico Dominicano y voces aisladas. Cuando hay más de 18 mil acreedores de pensiones del viejo seguro social que llevan años reclamando sus derechos no tiene perdón de dios la repartición ilegal del fondo de riesgos laborales.

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