El presidente Danilo Medina dispuso mediante decreto que los ministros de la Presidencia, Industria y Comercio, Relaciones Exteriores, Agricultura y la Junta Agroempresarial Dominicana evalúen la desgradación arancelaria y de apertura comercial que implica el DR-Cafta, en los productos sensibles del sector agropecuario.
El jefe del Estado emitió el decreto 260-16 mediante el cual dispone que esas carteras analicen el impacto social y económico en la agropecuaria dominicana de la Ley Agrícola de EUA (Farm Bill 2014), que concedió 489 mil millones de dólares.
Instruye que la comisión de alto nivel rinda un informe al Presidente de la República en un plazo de 45 días, sobre los resultados de la evaluación de los efectos del proceso de liberalización comercial, consagrado en el DR-Cafta, para los productos sensibles.
El objetivo es mitigar los efectos del libre comercio y atender los propósitos del referido decreto.
El decreto señala que la comisión deberá consensuar en 45 días con el mandatario los resultados de la evaluación.
Agrega que “después, queda autorizada a iniciar un proceso de consulta bilateral con el gobierno de los Estados Unidos y los países firmantes del DR-Cafta, a fin de revisar los avances aalcanzados en le ejecución del tratado y analizar el impacto social, económico y político que tendrá la Ley Agrícola de Estados Unidos.
“En 90 días, contados desde la emisión del decreto, la Comisión deberá presentar las conclusiones de la consulta”, indica.
Asimismo, los comicionados deberán entregar al presidente Medina una propuesta para un plan de acción agropecuaria nacional más expuesta y sensible.
En uno de los considerandos señala que el sector agropecuario es el medio fundamental de protección de los recursos naturales y productivos nacionales.
Es además una de las principales fuentes generadoras de riquezas y empleos en el país. Aporta un 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
La agricultura nacional se ve más expuesta y sensible. Compite con bienes extranjeros que cuentan con programas de apoyo directos e indirectos de países desarrollados. Esto no permite un comercio en igualdad de condiciones para las Partes Contratantes.
Un apunte
Desigual
El país es signatario del DR-Cafta desde el 2007, lo que ha en beneficio para la entrada de productos a bajo costos, pero también ha resultado perjudicial para los productores por la competividad desigual
