LIMA. AFP. El gobierno peruano cumplió ayer, en presencia de líderes indígenas, su compromiso de proponer al Congreso la derogación de dos decretos sobre la explotación de la Amazonia rechazados por los nativos y que generaron una crisis saldada con 34 muertos.

La derogación de los decretos fue acordada el lunes en una reunión entre el jefe de gabinete, Yehude Simon, con una docena de ‘apus’ o jefes de la etnia amazónica asháninka en un poblado de la selva central. «El gobierno está listo a escuchar y reconocer errores; los indígenas no son antisistema, ellos luchan por lo que consideran justo, buscan justicia, equidad y respeto a sus tierras», dijo Simon al entregar el proyecto de ley a Javier Velásquez, presidente del Congreso.

Velásquez aseguró que el Parlamento unicameral asumirá su responsabilidad y «en el más breve plazo» se pronunciará sobre la derogación, previo debate de los legisladores, para que se restablezca el clima de paz en el país.

Por la noche en un mensaje al país el presidente Alan García apoyó al premier por su propuesta de derogación. «Ha tomado la decisión de comenzar un nuevo diálogo y yo lo respaldo porque es mejor una rectificación valerosa que una torpe obstinación por ver quien gana», dijo.

«Esperamos que este compromiso se cumpla, luego retornaremos a nuestros pueblos para que el país quede totalmente tranquilo», dijo Lidia Rengifo, presidenta de la Asociación de Pueblos Indígenas de la Selva Central.

Entretanto, Alberto Pizango, líder de las protestas de los nativos, llegó el miércoles a Nicaragua como asilado después de que Lima le otorgó un salvoconducto para abandonar el país.

Pizango, que se declara perseguido político, es acusado por el gobierno de los delitos de motín, sedición y rebelión.

La decisión de Simon marcó un retroceso del conflicto con los nativos. Hasta ahora, en dos meses de protestas indígenas, el gobierno había defendido la validez de las normas cuestionadas.

En el conflicto

Muertos: 34, 24 policías y 10 nativos.

Choques: 5 y e de junio

Convenio: Perú ratificó en 1994 convenio Pueblos Indígenas.