El Informe 301, es un análisis anual realizado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) bajo mandato del Congreso, que evalúa globalmente la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual, clasificando a los países según su efectividad en estos ámbitos.

Los países que figuran en su Lista de Vigilancia son señalados por prácticas insuficientes que podrían perjudicar las relaciones comerciales internacionales.

Recientemente, por primera vez en 28 años, la República Dominicana ha sido excluida de la Lista de vigilancia, lo que representa un importante avance en su desarrollo jurídico e institucional en materia de propiedad intelectual.

Este logro no solo alinea al país con los estándares internacionales y mejora su imagen, sino que también fortalece nuestra economía al hacer de la República Dominicana un destino con mayores garantías de derecho y a su vez, más seguro y atractivo para la inversión extranjera.

Este progreso es el resultado de una estrategia de fortalecimiento institucional liderada por el presidente Luis Abinader, y el esfuerzo conjunto de diversos actores del sector.

Hace unos años, mis padres, quienes se especializaron toda su vida en el ejercicio del Derecho de Propiedad Intelectual desde la firma Jorge, Mera & Villegas, se reunieron con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes y otros miembros de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI) para solicitarle que desde su posición le diera el carácter que merecía este tema. Ese día, el ministro asumió el compromiso ante el gremio, y hoy, le agradecemos que lo cumplió.

La creación del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI), establecido por el decreto 776-22, y la buena gestión de las entidades que lo componen, han sido cruciales para fortalecer la cooperación interinstitucional y desarrollar una política unificada y coherente en esta materia.

La transparencia y la eficacia en la aplicación de la ley se han reforzado, enfocándose especialmente en la lucha contra la piratería y la falsificación de medicamentos y otros productos.

La exclusión de la Lista de Vigilancia refleja el avance significativo de la República Dominicana hacia un entorno comercial justo y equitativo, donde se protegen los derechos de los creadores y titulares de derechos de Propiedad Intelectual.

Esto es esencial para fomentar la innovación y contribuir al desarrollo económico sostenido del país. En esta era digital, donde los activos intangibles cobran mayor valor económico, es imperativo proteger estos derechos para no perder oportunidades importantes.

Asegurar un marco legal robusto y coherente es vital para atraer inversiones y promover un desarrollo tecnológico y creativo que beneficie a todos los sectores.