El viernes pasado, el Presidente Medina, trascendió al decadente juego político, reconociendo que el Código Penal modificado y enviado desde el Congreso al Poder Ejecutivo, aborda la interrupción del embarazo con una figura penal imprecisa, sin indicar situaciones excepcionales que ponen en juego derechos fundamentales de toda mujer embarazada, como son el derecho a la vida y la salud y el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral.

El Ejecutivo, recomienda al Congreso “como justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que deben regir al Estado, equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos públicos o privados, dentro de los plazos que se consideran de lugar y solo en tres supuestos bien fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.

Respecto a los castigos a aplicar para el personal de salud, la misma mujer y sus familiares, en caso de una menor embarazada, el Presidente opina que, por evitarlos, producirían la cohibición de este personal para cumplir con la misión de preservar la salud.

Además, el Poder Ejecutivo, refiere las altas cifras de mortalidad materna y su vinculación estrecha con las prácticas inseguras para terminar el embarazo, así como las de embarazos de adolescentes, fruto frecuentemente, de abusos y violaciones, por lo que insta a los legisladores y legisladoras a acoger la observación.

El Presidente y su equipo de trabajo, entendieron la petición de no solo los grupos feministas ni de mujeres organizadas, de una mayor parte de la sociedad dominicana, entre ella el gremio de los médicos y médicas, así como la Ministra de la Mujer, que en ocasión de la presentación del Proyecto de Ley Orgánica sobre la Violencia contra las Mujeres, actualmente en las Comisiones de Género y del M. Público, de la Cámara de Diputados/as, apoyó la despenalización del aborto por las tres causales mencionada por el Presidente.

Primó el razonamiento, los principios legales y la referencia a la salud integral de las dominicanas, por encima de las creencias, que son personales e íntimas. Con este enfoque, las dominicanas podrían elegir en esas tres circunstancias y las iglesias, solo tienen que reforzar sus doctrinas para que las feligresas actúen de acuerdo a su conciencia.

¡Gracias Señor Presidente!