La diputada y senadora electa por Puerto Plata, Ginette Bournigal, ha formulado una denuncia grave, digna de una exhaustiva investigación, sobre el controversial proyecto de ley de agua que se apresta a ventilar la Cámara Baja.

La legisladora dijo que el proyecto que se ha presentado no fue el que aprobó la comisión que lo estudió, del cual ella formaba parte. Si es como aduce la legisladora se está entonces en presencia de una alteración de la pieza con algún tipo de interés.

Ante una denuncia tan comprometedora se impone no solo suspender el conocimiento del proyecto, sino aclarar las supuestas modificaciones y por supuesto establecer responsabilidades en caso de comprobarse.

Bournigal entiende que por lo comprometedora y los intereses que la rodean, la pieza, que ha sido cuestionada porque privatizaría la distribución del agua, sea dejada en manos de los legisladores que asumirán a partir del 16 de agosto.

Las decisiones internas son de índole exclusiva de los congresistas, pero la violación que se habría cometido es un delito que en modo alguno debería quedar impune. Los diputados deberían aclarar la denuncia de Bournigal, una legisladora responsable.