El reportaje reproducido ayer por El Nacional sobre prácticas ilegales y desleales de grandes grupos farmacéuticos para impedir el ingreso al mercado de medicinas más baratas y descalificar medicamentos genéricos debería servir de alerta para que se modifique y/o se blinde la legislación local sobre registro sanitario y patente industrial.

El periodista Ignacio Ramonet, del diario francés Le Monde Diplomátique, publicó un extenso trabajo sobre las conclusiones de un informe de la Comisión Europea en torno a los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico.

Ese informe revela que los grandes consorcios farmaceuticos emplean toda suerte de guerra sucia para bloquear la comercialización de medicinas más baratas y eficaces, y usan todo su poder económico e influencia política para desalojar del mercado a los medicamentos genéricos.

De manera coincidente, desde Washington se informó ayer que que la Pfizer, la más grande industria farmacética del mundo, pagará una multa administrativa de 2,300 millones de dólares por promover un analgésico y otros medicamentos para fines distintos a los aprobados por las autoridades médicas.

Uno de los episodios de la escandalosa historia de la industria farmaceutica se refiere a la campaña de descrédito que, con financiamiento de ese sector, se ha desplegado en Estados Unidos contra el presidente Barak Obama y su proyecto legislativo para ingresar a millones de estadounidenses e inmigrantes al Sistema de Seguridad Social (Medicare).

Esos consorcios dedican centenares de millones de dólares a campañas tendentes a prolongar por más de 20 años la fecha de vencimiento de las patentes de fármacos, lo que impide el ingreso al mercado de productos genéricos con hasta un 40 por ciento menos del valor.

Ante esta guerra sucia de esas multinacionales vinculadas con el golpe de Estado en Honduras, se impone aquí una exhautiva revisión de la doctrina sobre registro industrial, basada en el irrenunciable derecho a la salud.