POR: Julio Cury
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La defensa de las libertades y los derechos del hombre es lo que ha movido al revisor a organizar el andamiaje constitucional, siendo el poder judicial el baluarte de la seguridad jurídica. De ahí que sus órganos deben asegurarle al justiciable un proceso que no es cualquiera, sino el debido.
Entre las garantías mínimas que prevé el artículo 69 de nuestra Constitución, figuran los derechos a una justicia oportuna y el de ser oído “dentro de un plazo razonable”. ¿A qué viene todo esto? Resulta que el 27 de agosto del 2013, el senador Wilton Guerrero presentó un recurso de oposición contra la resolución que dictó el Pleno de la SCJ, admitiendo el recurso de casación que elevó el Ing. Hipólito Mejía contra la decisión de su honorable presidente, en virtud de la cual declaró sin efecto la acusación por difamación que el ex mandatario interpuso contra el legislador nada menos que el 12 de julio del 2012.
La tutela judicial eficaz supone que la duración de todo proceso sea “razonable”, sin importar la naturaleza de la pretensión. Asimismo, la sentencia debe dictarse oportunamente, de modo que sea valiosa y útil al justiciable. Germán Bidart Campos, en su Compendio de Derecho Constitucional, explica que “Tal derecho se viola cuando los tribunales dilatan sin término la decisión de cuestiones planteadas ante ellos”.
Lo cierto es que la demora incurrida excede por mucho el plazo de 3 días que establece el artículo 409 del Código Procesal Penal para fallar los recursos de oposición fuera de audiencia, pues del 27 de agosto del 2013, fecha en que el fallo fue reservado, han transcurrido poco menos de 8 meses. Una interrogante se impone aquí: ¿se le ha preservado al Ing. Mejía el derecho a obtener la tutela judicial efectiva que consagra el repetido artículo 69 de nuestro Supremo Estatuto Político?
El Nacional
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