Presidente Leonel Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ayuda a distender y descompresionar el áspero presente político y a reencaminar a la sociedad dominicana por senderos de estabilidad democrática y consolidación institucional.

Ese acuerdo constituye una expresión de oportuna madurez y responsabilidad de un liderazgo político que ha puesto oídos sordos a clarinadas del coyunturalismo para consensuar formas de reingeniería del Estado que coloque a la nación en anaqueles de la modernidad jurídica y equidad social.

Aunque ese compromiso se expresa en el proyecto de reforma de la Constitución en curso en la Asamblea Revisora, los artículos del Texto Sustantivo que serán modificados al amparo de ese consenso repercutirán sobre todo el ensamblaje jurídico y político de la República.

Ambos líderes acordaron instruir a sus respectivas bancadas legislativas para que instituyan en la Carta Magna la no reelección presidencial consecutiva, la definición de nacionalidad basada en el jus sanguinis y jus solis, unificación de las elecciones presidenciales y congresionales, congelación de la matrícula congresional, la extensión a seis años del próximo período legislativo y municipal, creación del legislador del exterior y del voto por acumulación.

Tienen razón los firmantes de ese pacto al señalar que con su firma se impuso la racionalidad y lucidez política y que su contenido contribuye al fortalecimiento de la democracia, porque esa iniciativa -se repite- ayuda a distender lo que se perfilaba como un asfixiante entorno político agravado por una agobiante crisis económica.

Ese convenio sienta simiente de certidumbre política, de consolidación institucional y de advenimiento hacia una concertación futura más amplia y diversa del liderazgo político, económico y social que garantice el diseño y aplicación de un programa de nación de larga duración que refleje unidad en la diversidad.

De bueno tiene el acuerdo entre líderes de los partidos De la Liberación (PLD) y Revolucionario (PRD), que ha sido concertado fuera del escenario de una indeseada crisis política y sin el aguijoneo de mediadores foráneos.

La amplia concertación jurídico-política que se alcanza en ese pacto ha de asumirse como una refrescante declaración de buenas intenciones, cuyo contenido y alcance deben ser asumidos por el liderazgo partidario y la sociedad toda.

No se exagera, pues, si se afirma que el presidente Fernández y el ingeniero Vargas Maldonado han dispensado una gran contribución al fortalecimiento del espacio democrático al suscribir con excepcionales calidades un acuerdo histórico que puede servir de base para el relanzamiento de la nación.