TEGUCIGALPA, (AFP) – Cuatro años después del golpe que sacó del poder a Manuel Zelaya en pijama y encañonado, Honduras va a elecciones el domingo padeciendo aún las secuelas: una sociedad polarizada, derechos humanos degradados y una fragilidad institucional que alentó el crimen organizado y la corrupción.

Aquella madrugada del 28 de junio de 2009, cuando una alianza de militares, empresarios y políticos derechistas rompió 30 años de democracia, sigue vigente. Los comicios, a los que están llamados 5,3 millones de hondureños, han marcado el resurgimiento de Zelaya con la candidatura de su esposa, Xiomara Castro.

Con una popularidad forjada en las protestas contra el golpe, Castro disputa el poder bajo la bandera de Libertad y Refundación (Libre, izquierda) -fundada por Zelaya al volver del exilio en 2011-, y se encuentra en empate técnico con el aspirante del gobernante Partido Nacional (PN, derecha), Juan Orlando Hernández, según la última encuesta.

«No se han curado las heridas. Mi temor es que, si no hay unas elecciones transparentes y legítimas, van a volver a sangrar», comentó a AFP Adán Palacios, miembro de la ONG hondureña Monitor Electoral.

Herencia del golpe, según analistas, estas elecciones ponen por primera vez bajo amenaza al bipartidismo que ha gobernado al país centroamericano por más de un siglo, el PN y el Partido Liberal (PL, derecha), en un escenario inédito de nueve partidos, cuatro surgidos después de 2009.

Golpistas y antigolpistas

La posibilidad de una victoria de Castro, primera mujer que aspira a la presidencia en Honduras, tornó maniquea la campaña. «Una lucha entre golpistas y antigolpistas. El golpe dividió a la familia hondureña y eso no es fácil de superar», afirmó a la AFP el sociólogo Matías Funes.

Al cerrar su campaña en Tegucigalpa, Hernández, abogado de 45 años y jefe parlamentario, pidió el domingo a la multitud «votar por el camino bueno», el cual dice representar pues busca «recuperar la paz» y, al mismo tiempo, «la seguridad» con los militares patrullando las calles.

Sus simpatizantes blanden la espada del miedo, señalando que Zelaya -derrocado cuando su gobierno liberal giró al socialismo del siglo XXI impulsado por el ahora fallecido presidente venezolano Hugo Chávez-, volvería al poder a través de su esposa… con sed de venganza.

Castro, de 54 años, propone una asamblea constituyente -la misma que promovía Zelaya cuando fue defenestrado- para «refundar» el país bajo un «socialismo democrático a la hondureña».

«Una Honduras diferente, donde podamos lograr la reconciliación», prometió el domingo la candidata al concluir su campaña en Tegucigalpa, acompañada por Zelaya, su asesor.

En el golpe, Zelaya fue expulsado a Costa Rica, para tres meses después entrar clandestinamente a Honduras y refugiarse en la embajada de Brasil. En enero de 2010, al asumir en Tegucigalpa el presidente Porfirio Lobo tras el gobierno de facto de Roberto Micheletti, salió al exilio en República Dominicana con la promesa de volver.

Tras un acuerdo con Lobo que buscaba romper el aislamiento internacional, Zelaya regresó en 2011 y fundó Libre con sindicalistas, campesinos y otros grupos sociales y políticos que resistieron en las calles al golpe, muchos de ellos liberales zelayistas.

«Hay rencores purulentos», consideró Juan Ramón Martínez, analista de varios medios hondureños, al señalar que aunque Castro maneje un discurso conciliador «no controla» a todas las fuerzas en Libre.

La crisis sin fin

Más allá de la polarización, los hondureños esperan que los comicios pasen la página de la asonada golpista y se atiendan los problemas de pobreza, violencia y crisis económica, de una gravedad sin precedentes según expertos.

Honduras tiene el récord mundial de homicidios (85,5 por cada 100.000 habitantes), en una infernal espiral de violencia causada por narcotraficantes y pandilleros, que penetraron a la policía, la justicia y otras instituciones del Estado.

Según el comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, desde 2010 una treintena de periodistas, y decenas de abogados y activistas humanitarios fueron asesinados.

En el Valle del Aguán (noreste), ha muerto desde 2009 un centenar de campesinos en disputas contra terratenientes, quienes tienen ejércitos privados de seguridad.

«La impunidad en Honduras es endémica», lamentó Amnistía Internacional en una carta en la que expresa a los candidatos su preocupación por la sistemática violación de derechos humanos.

Para Custodio el reto es romper el círculo vicioso de la corrupción, la pobreza, la intolerancia, la violencia y la impunidad.

La pobreza y miseria, que habían bajado desde 2006, se dispararon a partir de 2010, según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas. Un 71% de los 8,5 millones de hondureños son pobres y hay 40% de subempleo, sostiene la ONG Foro Social de la Deuda Externa.

«La debilidad institucional es el mal de todo. La crisis del golpe no está resuelta», sentenció Palacios.

Para los analistas, el fin de la etapa de transición del golpe y el comienzo de la reconciliación depende del proceso electoral. Temen que un resultado estrecho o fraudulento exacerbe aún más las secuelas.

Por María Isabel SANCHEZ