El Poder Ejecutivo convocó ayer a una legislatura extraordinaria al Congreso Nacional, para conocer el proyecto de ley que declara la necesidad de reforma constitucional, lo que indica que la controvertida iniciativa oficial de modificar la Carta Magna entra ya en su etapa definitoria.

Una vez las cámaras legislativas aprueben -como se prevé- la citada ley, quedaría de hecho convocada la Asamblea Nacional pare conocer el amplio pliego de reforma al texto sustantivo sometido por el Gobierno, por lo que se prevé la más intensa y dilatada discusión, no sólo por parte de los constituyentes, sino por todo el abanico social.

El proyecto de legislatura extraordinaria coincide con la convocatoria que ha hecho el presidente Leonel Fernández a una cumbre de las fuerzas vivas, a efectuarse el 28 de este mes, para discutir, entre otros aspectos, sobre políticas públicas que ayuden a aliviar el impacto de la crisis global sobre la economía nacional.

Los propósitos formales de la propuesta de reforma constitucional y de la cumbre convocada por el presidente Fernández parecen estar unidos por un cordón umbilical que debería ser el de procurar un gran acuerdo que ayude a apuntar la precaria estabilidad macroeconómica, impulsar el desarrollo y consolidar el orden institucional.

Es por eso que se reclama que ambos escenarios -cumbre y reforma- no sean excluyentes, para lo que se requiere que el Gobierno ofrezca la más absoluta garantía de que las invitaciones serán distribuidas sin discrimen ni prejuicios y de que la mayoría congresual del partido oficial no sería usada en rol de intolerante aplanadora.

Oposición política, empresariado, sector sindical y organizaciones de la sociedad civil deberían entender que el ausentismo o la pretensión de boicot a la cumbre gubernamental, sólo conducen a un estresante aislamiento que se agravaría con la realidad previsible de que los espacios desalojados serían ocupados por interlocutores inválidos.

Se requiere también que se profundice el debate en torno al legajo de modificación constitucional propuesto por el Poder Ejecutivo, a los fines de que la Asamblea Nacional se considere lo suficientemente edificada en torno a la sugerencia de reforma de cada articulado de la Constitución, así como a los planteamientos de nuevas creaciones de instituciones jurídicas.

En tiempos tan convulsos como los que padece el mundo y tan aciagos e impredecibles como los que atormentan a la sociedad dominicana, sería error costoso e imperdonable descalificar cualquier iniciativa de diálogo o concertación, aun se tenga legítima sospecha de que el interlocutor no cumpliría con lo acordado.

La cumbre presidencial y la modificación constitucional son acontecimientos ya previsibles, que ningún ente partidario, social o económico puede ignorar con solo un cerrar de ojos, por lo que en ambos eventos se impone la más activa participación de la sociedad toda, en el entendido de que siempre será mejor ejercitar el diálogo productivo que promover la estéril confrontación.