Con el arresto de doce presuntos implicados en el expediente de sobornos admitidos por la empresa Odebrecht se inicia hoy la judicialización de un histórico caso a través del cual se juzga también a la clase política, poderes públicos y propia sociedad, por cuya acción, provecho u omisión, la corrupción se expande por todo el tejido social.

Entre los apresados figuran un ministro, exlegisladores, un empresario, abogados y ex funcionarios y dirigentes políticos contra quienes el Ministerio Público solicitará medidas de coerción ante el juez de Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, designado para esos fines por la Suprema Corte.

Se trata de un proceso altamente complejo con severas implicaciones políticas, como lo demuestra el hecho de que entre los encartados figura al menos un ministro de Estado, dos dirigentes del partido oficial, el presidente, el secretario general y otro dirigente del principal partido de oposición, un empresario y un abogado.

El juez Ortega Polanco tendrá a su cargo la instrucción de un expediente complejo, con densa humareda de intereses políticos y económicos divergentes, pero también con el claro mensaje ciudadano de que se castigue a quienes la justicia compruebe que incurrieron en prevaricación.

A ese magistrado le corresponderá examinar y valorar el fardo de cargos y evidencias que el Ministerio Público habría recabado contra las personas que resulten encartadas, además de procurar pruebas adicionales que les permitan determinar quienes de los acusados irían a juicio de fondo.

Se advierte que toda la nación concurre a un proceso judicial tipificado como serio, que levanta grandes expectativas de reivindicación jurídica, ética y moral y no a un circo político ni a un derrame de morbosidad, por lo que, en primer término, fiscales y jueces han de garantizar el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Gobierno y oposición deberían ser los más interesados en que este caso sea ventilado en los tribunales con la mayor transparencia e imparcialidad, sin que ninguna de las partes intente desviar el curso de una sana administración de justicia.

El proceso judicial por el escándalo Odebrecht, no solo es un juicio a los grandes, sino también contra toda la clase dirigente de la nación que estará sentada por delegación en el banquillo de los acusados por el crimen de ser indiferente, permitir, convivir o de servirse del peculado.