Me gustaría saber, con el perdón de los honorables –sin sarcasmo- miembros de la Junta Central Electoral, ¿cuál es el horario de trabajo de un ministro, viceministro, director o subdirector de una institución cualquiera del Estado?
¿A qué hora deben ponchar su tarjeta de entrada y salida? ¿Cuál es la hora de almuerzo si todos lo hacen en restaurantes pidiendo “a la carta” y tomando buen vino que pagamos los contribuyentes?.
¿Trabajan esos señores y señoras de lunes a viernes, de ocho a cuatro o cinco de la tarde?
¿Qué ley lo establece taxativamente? ¿La 41/08 sobre función pública que tan fervorosamente defiende Ramón Ventura Camejo, la Ley de Régimen Electoral o de Partidos Políticos? No lo sé.
¿Trabajan los ministros entre 30 y 40 horas a la semana como los demás, según la ley? No lo creo.
Un ministro, en cualquier parte del mundo, según tengo entendido, no tiene, ni puede, tener horas de entrada y de salida a su despacho. Puede pasar días enteros sin acudir a su oficina. Tiene secretarias, asistentes, mensajeros, “limpia sacos”, etc., en los cuales delegar funciones.
El PLD tiene por costumbre aferrarse a las leyes cuando les son favorables, pero cuando no, cualquier excusa es válida para desconocerla en los medios de comunicación, donde están sus bocinas, en los tribunales, donde tienen sus jueces y en el Congreso donde tiene a sus legisladores.
Como están dispuestas las cosas, tanto por Ventura Camejo, ministro miembro del Comité Político del PLD, y por la JCE en el reglamento aprobado recientemente, desde el viernes en la tarde, hasta el lunes en la mañana, los funcionarios pueden hacer campaña electoral a favor del candidato del gobierno sin ningún problema. La ley se lo permite.
El reglamento también.
Ejerciendo su “derecho ciudadano”, ministros, viceministros, directores y subdirectores, fiscales, generales, embajadores y cónsules, entre otros, saldrán por todo el país a hacer campaña electoral, pero no usarán vehículos oficiales, combustible, celulares, agentes militares y policiales de seguridad, secretarias, asistentes, etc. No usarán los recursos del Estado para comprar cédulas, no repartirán dinero para comprar delegados, porque de lo contrario serán sancionados por la JCE.
¡Es un chiste! ¡Los cabrones están convencidos de que somos pendejos!.
La Constitución, las leyes y los reglamentos no tienen ningún valor durante las elecciones. El PLD controla el Estado y sus instituciones fundamentales incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía como fuerza represiva al servicio de sus intereses. Los cinco miembros de la JCE no pueden, aunque quieran, impedir su actuación.
