SALT LAKE CITY. AP. Funcionarios de Utah identificaron al menos a dos empleados estatales que aparentemente accedieron a una base de datos estatal para crear una lista de 1,300 supuestos inmigrantes indocumentados, según anunciaron las autoridades.

El gobernador Gary Herbert dijo que los empleados trabajan para el Departamento de Servicios Laborales, que administra programas de cupones de alimentos y otros beneficios públicos. Los funcionarios fueron suspendidos de sus funciones.

«Es un grupo muy pequeño. La personas que fueron identificadas ciertamente tienen opiniones políticas firmes y parecen frustradas por algunos temas relacionados con la inmigración», dijo Kristen Cox, directora ejecutiva del departamento.

Los medios de comunicación, fuerzas de seguridad y otros funcionarios del gobierno empezaron a recibir la lista de nombres e información personal esta semana, lo que ha provocado temor en la comunidad hispana.

El envío anónimo exige que aquellos en la lista sean deportados, aunque algunos de los incluidos en el documento aseguran que se encuentran en el país de forma legal.

La oficina del procurador estatal investigará el caso y determinará si va a formular cargos en contra de los implicados.

La distribución intencional de un documento privado en Utah es un delito menor que puede ser castigado hasta con seis meses de cárcel y una multa de mil dólares. Si alguien se roba un registro de ese tipo, podría ser enjuiciado como un crimen mayor con hasta cinco años de prisión y 5 mil dólares de multa.