El encuentro ayer en el Palacio Nacional entre el presidente Luis Abinader y los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano representa un acontecimiento histórico que ayudaría a redireccionar las relaciones entre la Iglesia católica y el Gobierno, tintadas a veces de controversias o incomprensiones.

Es la primera reunión de la cúpula de la Iglesia con un mandatario en la sede de gobierno en más de 20 años, ocasión que ha aprovechado el Presidente para pedir a los prelados que lo ayuden “en la toma de decisiones importantes para el país…”

El jefe del Estado expresó también a los obispos su deseo de que visiten constantemente el Palacio Nacional, “diciéndole de todo, sin ocultar críticas, para buscar alternativas que mejoren al pueblo dominicano”, lo que podría interpretarse como un gesto de cortesía ante tan preciada visita.

Las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia es camino de doble vía regido por dos instituciones jurídicas: la Constitución de la República, que instituye la libertad de culto y promueve el laicismo, y el Concordato, entre la Santa Sede y el Estado dominicano, que declara el catolicismo como la religión oficial.

Puede decirse que el Estado ha cumplido cabalmente con el Concordato, que tiene 65 años de vigencia, pero aun así durante ese periodo las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno han pasado por momentos de crisis, como la acaecida en 1960 frente a la tiranía de Trujillo, y en 1963 contra el gobierno democrático de Juan Bosch.

La Conferencia del Episcopado como el Gobierno deberían deslindar terreno o prerrogativas para que nunca más lo divino se vincule con lo terrenal, o que se cumpla la palabra del maestro de que “Al César lo que es del César”, sin negar derecho, deber y obligación a la Iglesia de criticar o denunciar los despropósitos oficiales.

El artículo 45 de la Constitución señala que “El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres”, lo que no contradice al Concordato ni limita las buenas relaciones entre la Iglesia católica y el Gobierno, y no otorga poderes especiales al clero en materia de aplicación de políticas públicas.

En virtud del acuerdo con la Santa Sede y por voluntad libérrima de los creyentes, el catolicismo es la religión oficial y mayoritaria, pero la Constitución de la República tiene una vocación laica, que garantiza la libertad de cultos y coloca al Estado en una posición neutral ante la religiosidad.