El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, dispuso recientemente desarmar, en el período de navidad, a todos aquellos ciudadanos que porten arma de fuego de forma visible.

Desapruebo la exhibición de armas de fuego en lugares públicos. Y quienes portan por fuera pistolas y revólveres regularmente son personas de baja escolaridad, que pretenden ofertar status social, en algunos casos, y, en otros, intimidar a los demás. Es una imprudente conducta.

No tiene explicación, además, que en República Dominicana haya tantos ciudadanos con armas de fuego, sin calificar para el porte en la mayoría de los casos. Pero se trata de una irresponsabilidad de las propias autoridades de Interior y Policía, de éste y de los pasados gobiernos.

Y es que la autorización de permisos para porte y tenencia de arma de fuego siempre ha sido un jugoso negocio de esa secretaría de Estado, el cual se ha incrementado con el auge de la delincuencia, porque muchas personas se sienten más segura al dotarse de una pistola o un revólver.

No es condenable que muchos dominicanos procuren protegerse (y proteger a su familia) adquiriendo un arma de fuego, pero se comete un error cuando la misma se exhibe públicamente, porque la forma es imprudente y multiplica los riesgos de ser atacado por delincuentes.

Es verdad que en la población hay demasiadas armas de fuego y las mismas contribuyen a que haya mayores niveles de violencia. Pero ¿quién concedió el permiso del grueso de esas armas? Fue la Secretaría de Estado de Interior y Policía.

Se cae en contradicción cuando se concede un permiso para porte y tenencia y posteriormente, de forma arbitraria, se autoriza desarmar a personas que cumplen con los requisitos legales y están al día en el pago de sus impuestos. Es una causa del revuelo que ha ocasionado la medida.

Interior y Policía alega que con la medida se previene la violencia en Navidad y desde ese punto de vista hay que reconocer el espíritu de la disposición. Sin embargo, para que esa arbitraria medida cuente con aprobación justificable, Interior y Policía debió acompañarla de otra más efectiva para desarmar a los miembros de los centenares de bandas delictivas que hay en toda la geografía nacional.

En múltiples oportunidades he sostenido que el narcotráfico es el responsable número uno de la violencia y la delincuencia en el país y hasta el momento ni en este ni en el pasado gobierno he observado voluntad en sus autoridades para enfrentar el problema de raíz. El asunto se viene evadiendo, por intereses evidentes, y se pretende confundir a la población cuando se habla de la violencia sin exponer las reales causas.

Con la disposición que adopta Interior y Policía no se previene actos violentos en el período de navidad. Y no se puede pretender enmendar la imprudencia de muchos ciudadanos que exhiben armas de fuego en lugares públicos violentando la ley, con arbitrariedad y, sobre todo, sin aplicar medidas eficaces contra la delincuencia.