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Érase una vez un país ubicado en una isla tropical boscosa, montada en la intersección de tres placas tectónicas que resultaba estar en el mismo medio de la ruta de huracanes del Océano Atlántico, que por alguna razón entendió que era una buena idea colocarle un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al servicio de seguros.

Para agregarle sal a su propia herida, ese país también cuenta con la mayor cantidad de fatalidades por accidentes de tránsito per cápita del mundo, su normativa para la construcción de infraestructura es notoria por su laxa aplicación, su desarrollo urbanístico es famoso por su falta de planificación y su sistema de justicia es reconocido por su alto costo y lentitud.

Es en ese contexto que en República Dominicana existe un impuesto selectivo de 16% a los servicios de seguros en general. Las recaudaciones por este impuesto alcanzaron la suma de $5.98 mil millones de pesos en el 2018, para un 1.39% del total de sus recaudaciones

a través de la DGII, lo que a su vez se comparan con un 0.73% de lo que se presupuestó para gastar en ese año.
El promedio mundial de penetración del mercado de seguros es de 6.1% del PIB en el 2017, conforme a un informe preparado por la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores en nuestro país esa cifra era de 1.4% del PIB, una de las peores en Latinoamérica, mientras que la prima per cápita nuestra en ese año alcanzó $115.63, muy por debajo de los $259.5 dólares del promedio latinoamericano.

Claro, el ISC a los seguros no es el único factor incidiendo en la falta de cobertura en nuestra economía, pero ciertamente es uno de los más determinantes al inflar artificialmente los precios para obtener este servicio.

Lo anterior se agrava ante la realidad de que el Estado dominicano se ve obligado en salir al rescate de productores e individuos cuando inevitablemente los siniestros ocurren.

Así que mientras por un lado incurre en enormes gastos para salvar a los afectados por algún desastre, por el otro este desincentiva la cobertura privada frente a esos mismos desastres que pudieran mitigar significativamente su propio gasto. Todo a cambio de una magra fracción de sus recaudaciones.

El ISC a los seguros es un impuesto altamente distorsionante en nuestra economía, tanto así que aún si este representara una recaudación importante para el Estado, que actualmente no lo es, sería muy improbable que estas puedan en forma alguna justificar el daño indirecto que le ocasiona al mismo Estado el tener que hacer frente a una economía desasegurada.

La siquiera existencia de un impuesto de este tipo partiendo de nuestra ubicación geográfica y considerando nuestras debilidades institucionales es francamente un absurdo.