Se define el incesto ampliamente, como cualquier acción de carácter sexual, desde miradas hasta la violación, cometida por personas adultas contra niñas/os con quienes las víctimas tienen vínculos familiares o afectivos, o una relación de confianza y de dependencia. Un crimen sin reportar, de dimensiones desconocidas, que deja secuelas individuales y en todos los sectores de la sociedad, marcando cifras invisibles.

El 28 de julio de 2009, titulé De nuestro imaginario sexual a un artículo, contándoles de una niña de casi 14 años, un padre trabajador en Zona Franca y una madre joven y desorientada, que fue llevada al médico porque se sentía mal, descubriéndose embarazada y confesando que era violada regularmente por su padre. Al momento de ese artículo, la niña tenía apenas 15 años, un octavo curso abandonado y una criatura en brazos. Entonces acaban de apresar al padre incestuoso, de acuerdo a la comunidad, perteneciente a una familia con un largo historial de abusos sexuales sin denunciar, debido a la atmósfera de complicidad de los familiares.

El violador de su propia hija, fue apresado después de muchas peripecias y su crimen calificado por el Ministerio Público como violación sexual e incesto y abuso sexual psicológico, solicitando la prisión preventiva como medida de coerción. La solicitud de la Fiscalía, se apoyó en el testimonio de la víctima sobre las violaciones sexuales sistemáticas y con violencia, desde el mes de septiembre de 2008 cuando tenía apenas 12 años; en las amenazas de muerte sobre ella para que no hablara; en el embarazo y posterior parto y en la huida del padre incestuoso al verse descubierto.

Sin embargo, la falta de reconocimiento de las diferencias necesarias desde el sistema legal para que haya igualdad, hace que el procedimiento penal dominicano trate como crímenes comunes a estos casos de alta complejidad sociocultural, que producen en las víctimas los más altos niveles de vulnerabilidad frente al agresor. Por eso, un tribunal de Santiago, incapaz de resguardar el interés de la menor y a petición de su madre, acaba de poner en libertad al violador, devolviéndolo a su familia.

La comunidad, las organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio Público, la prensa y toda la ciudad de Santiago, está anonadada con esta decisión que vuelve el estado del caso, al abuso y la violación que originó la desdicha de la menor.

Quienes administran la ley, deben conocer las trampas de la cultura, argumentando con sabiduría ¡y dejando de disculparse con el bendito código ese!