Crece la preocupación por el alto número de imputados involucrados en el tráfico de drogas que son declarados en rebeldía por no obtemperar a las citaciones de los tribunales. En el Distrito Nacional, unas 1,700 personas se encuentran en libertad por la permisividad de jueces complacientes que varían las medidas de coerción.

Es inexcusable que instituciones acreditadas concedan certificaciones a involucrados en la violación de Ley de Drogas. La ley 50-88, que sanciona el narcotráfico, prohíbe la libertad bajo fianza de los acusados. Sin embargo, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago, consideró inconstitucionales los textos legales que establecen tal prohibición, alegando que los tratados internacionales establecen que la libertad es el estado natural de una persona y la prisión es la excepción.

La sentencia del la Corte de Santiago fue homologada por la Suprema Corte de Justicia, lo que provocó una lluvia de libertades. La misma corte provincial declaró inconstitucional la ley 36 sobre porte y tenencia ilegal de armas de fuego, decisión que también contó con el aval del más alto tribunal del país.

Por estas razones, el territorio nacional está inundado de drogas, realidad que se evidencia por los cargamentos de cocaína que se han detectado en los últimos meses. Igualmente, los contrabandos de armas se han multiplicado. Es apremiante articular una normativa que evite que los imputados por infracciones tan graves como las señaladas, tengan las llaves para abrir las cárceles.

Nos unimos a la queja de la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, por la lenidad con que actúan algunos magistrados del orden judicial al poner en libertad a traficantes de drogas y armas con un disfraz proporcionado por iglesias, clubes y entidades corporativas, para invocar raíces que les permitan obtener su libertad mediante garantía económica.