El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) aclaró hoy que la investigación iniciada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia) contra varios oferentes, por la presunta comisión de prácticas ilegales que afectan la competencia empresarial, corresponde a un procedimiento de compras públicas realizado en 2023, previo a la actual gestión.

Indicó que el proceso bajo investigación es la licitación pública nacional INABIE-CCC-LPN-2023-0049, información detallada en la Resolución RII-DE-AAC-001-2026, emitida por Pro Competencia.

El INABIE informó que ha colaborado y continuará colaborando plenamente con los órganos competentes, como parte de su compromiso con la transparencia, la debida diligencia y el fortalecimiento institucional.

Precisó que todos los procesos ejecutados bajo la gestión actual se realizan conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, garantizando legalidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El problema

Pro Competencia aseguró que abrió una investigación en la que afirma haber encontrado “indicios razonables” de prácticas anticompetitivas en un proceso de compras para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), convocado por el INABIE.

Los resultados de la investigación involucran a las empresarias y suplidoras del INABIE: Ana Esmeralda Santana, Andrea Rosaura Polanco Santana e Ireana Milagros Nova Santana.

En su Resolución RII-DE-AAC-001-2026, Pro Competencia indica que detectó múltiples coincidencias que sugieren una posible colusión, incluyendo vínculos societarios entre oferentes, el uso de una red de proveedores comunes y la presentación de documentos técnicos idénticos.

Asimismo, identificó la obtención de documentos clave —como cartas de referencia bancaria con numeración consecutiva— y la presentación de programas de control de plagas idénticos, ejecutados por la misma empresa y por el mismo técnico fumigador en fechas coincidentes.

“Estos elementos sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del procedimiento”, precisó la Dirección Ejecutiva de Pro Competencia.

No prejuzga

La Dirección Ejecutiva de Pro Competencia aclaró que esta resolución no prejuzga la culpabilidad de las empresas investigadas, sino que habilita la fase investigativa para contrastar los elementos disponibles y garantizar el derecho a la defensa, conforme al principio de presunción de inocencia, hasta que una decisión final y firme determine lo contrario.

Este caso marca el inicio de las investigaciones de 2026, tras un año récord con 16 agentes involucrados en 2025, según informó la entidad que promueve la competencia en los mercados de productos y servicios.

La entidad gubernamental señaló que la conducta investigada se tipifica, de manera preliminar, en el artículo 5, literal “b”, de la Ley 42-08, que prohíbe los acuerdos para coordinar ofertas o colusión en licitaciones.