Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) reveló este martes que fue la propia institución la que solicitó la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) en el proceso de contratación de la utilería escolar, tras detectar posibles irregularidades.

Según una nota de prensa, durante la licitación —que ha sido objeto de dos reportajes del programa «El Informe con Alicia Ortega»—, el Inabie identificó indicios de prácticas anticompetitivas y la presunta presentación de documentos alterados o falsos por parte de algunas empresas oferentes.

En febrero, la institución remitió un informe a Pro-Competencia para que investigue a nueve empresas por posibles violaciones a la libre competencia.

Dijo que ese mismo mes, también solicitó a la DGCP la inhabilitación definitiva del Registro de Proveedor del Estado (RPE) de cinco compañías, tras detectar la falsificación de documentos, gracias a los procesos de debida diligencia aplicados.

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Como medidas adicionales, el Inabie suspendió contratos y servidores involucrados

En abril, tras la difusión del segundo reportaje, el Inabie reiteró su solicitud de investigación a los órganos rectores y amplió el alcance a todas las empresas participantes.

Además, suspendió la firma de contratos con las compañías señaladas y separó de sus funciones a todos los servidores públicos vinculados al proceso.

La institución reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración con los organismos de investigación, reiterando que acatará las decisiones que emanen de las autoridades competentes.