La empresa que administra el vertedero Duquesa anunció que restringirá el horario de recepción de camiones recolectores hasta las 4:00 de la tarde y que cancelará el servicio de vertido de desperdicio a tres ayuntamientos, lo que equivale a condenar al Gran Santo Domingo a ahogarse en basura.

Los cabildos del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo no podrían completar sus jornadas diarias de vertidos de desechos sólidos en ese único depósito y la ciudadanía estaría expuesta a epidemias a causa del cúmulo de desperdicios en vías públicas.

La compañía Lajun Corporation pretende de manera unilateral reducir el horario de vertido en sus instalaciones a apenas ocho horas diarias y como si fuera poco impedir que los ayuntamientos de Pantoja, Alcarrizos y Santo Domingo Oeste depositen en ese lugar desechos sólidos.

Es claro que el Ministerio de Medio Ambiente y la Federación de Ayuntamientos no deberían permitir tan estrambótica medida, que colisiona con el principio de orden público, pues pone en riesgo la salud de millones de ciudadanos.
No se niega el derecho de esa empresa de reclamar o negociar mejores precios por procesar en el vertedero Duquesa los desechos que producen siete municipios, pero ese es un tema de alguna jurisdicción contenciosa y no para imponer medida de represalia unilateral.

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) certificó que en sus archivos no figura ningún acto de venta de terrenos de su propiedad en favor de la empresa Lajun, por lo que en primer término debería determinarse si esa razón social posee derechos o calidades para pretender restringir el uso del vertedero Duquesa.

Ninguna aspiración pecuniaria puede servir de pretexto para condenar a siete municipios a sufrir por el cúmulo de basura y las consiguientes enfermedades que generan improvisados vertederos, más aun cuando el Gobierno inició un programa nacional denominado República Limpia, con una inversión de más de mil 500 millones de pesos.

A la empresa Lajun no le queda otro camino que encaminar sus demandas ante tribunales contenciosos, pero jamás pretender que las comunidades se ahoguen en basura, menos aun cuando el propio Estado reivindica la propiedad donde opera el vertedero Duquesa.