La Junta Central Electoral (JCE) recabó el respaldo de la opinión pública ante su queja porque el Poder Ejecutivo redujo sustancialmente la partida consignada a esa institución en la Ley de gasto público de 2013, lo que motivó a que incurriera en drásticos recortes presupuestarios que incluyeron cierre de oficinas y despidos de empleados.

Es por eso que resulta extraño que la JCE, en medio de tanta precariedad económica, disponga erogar más de RD$2.5 millones de pesos para financiar una maestría a funcionarios, políticos y periodistas, incluido al propio titular, doctor Roberto Rosario.

No se niega la importancia que para los beneficiarios tendría cursar el Master Oficial en Gobierno y Administración Pública, que imparte la Universidad Católica de Madrid, España o la Maestría en Ciencias Políticas, que auspicia la Universidad Católica de Santo Domingo, pero no parece razonable que se incurra en un gasto de esa naturaleza cuando se le reclama al Gobierno mayor presupuesto.

Sería difícil poder justificar las razones que tendría la JCE para pagar el costo de matriculación a políticos y periodistas, a menos que se establezca que los beneficiados prestarían algún concurso a la entidad, pero aun así no se justifica derrochar dinero que previamente se alegó no poseer.

Como consecuencia de lo que se definió como drástica reducción del presupuesto de la JCE, su pleno de jueces dispuso el cierre de todas sus oficinas en el exterior e incrementó los precios de servicios que ofrece a la ciudadanía. ¿Cómo es posible entonces que se eroguen dos millones 597 mil pesos para costear estudios de master y maestría a su presidente, funcionarios y periodistas?

Se admite que las instituciones públicas operen y financien programas de capacitación en beneficio de sus funcionarios y empleados, que, además de manejarse con debida transparencia y sin menor apego de privilegios o favoritismo, no deberían ser ejecutados en medio de un virtual estado de calamidad económica.

Al menos dos jueces de la Junta han objetado la concesión de esas becas a funcionarios y particulares, por considerar que fueron otorgadas ilegalmente y por entender que la institución no está en condiciones de concederlas, lo que obliga al pleno de jueces a pronunciarse sobre tan extraña situación.

Sin proponérselo quizás, las autoridades de la JCE justifican los recortes presupuestarios dispuestos por el Poder Ejecutivo, porque lo menos que se puede decir es que en la Junta sobra el dinero hasta para costear estudios superiores a funcionarios, políticos y periodistas.