La frontera domínico-haitiana es una manzana de discordia, cargada de datos subjetivos pero igualmente objetivos. Entre los primeros, los prejuicios. No obstante, razones humanas obligan a razonamientos que conduzcan a elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, respuesta que envuelven cuestiones políticas de convivencia con nuestros vecinos.

Por mucho tiempo cada gobierno intenta y/o promete mejoras substanciales, y creo que las ha habido, aunque dejen de satisfacer las esperanzas. Nuestros pueblos fronterizos son otros en relación a quince o veinte años. Hay menos pobreza y en términos urbanísticos ha habido cambios positivos. En unos más que en otros.

La carretera internacional requiere mayor atención en cuanto a su reconstrucción y diafanidad de sus límites. El tiempo ha ido borrando cosas vitales.

Para provocar inyección de recursos privados, el Estado auspicia alicientes fiscales, lo cual me parece correcto, en tanto haya la respuesta esperada y en las condiciones de la propia Ley. Supongo que hay reglamentos y equipos de trabajo para su puesta en práctica.

¿Hay formas de medición del impacto de tales incentivos fronterizos? Si no las hay debemos medir su impacto en el ciudadano respecto a los objetivos de la propia Ley, si ha cumplido con sus propósitos y si el inversionista se siente cómodo, habría que rediscutir planes de ampliar racionalmente las condiciones para captar mayores inversionistas.

Para algunos es una locura porque partiríamos del supuesto de que los mayores beneficiarios serían el sector privado y el haitiano fronterizo.