Procuraduría
Procuraduría General de la República ha tramitado más de 200 solicitudes de informaciones financieras, de impuestos y sobre propiedades
La Procuraduría General de la República ha realizado en los últimos días más de 200 solicitudes de datos e informaciones a las autoridades bancarias, de registros de títulos e impuestos internos, como parte de una pesquisa encaminada a indagar y someter a la justicia a testaferros de los imputados en los sobornos que la empresa Odebrecht admitió haber pagado a cambio de asignaciones de obras gubernamentales.
Para esos fines, los investigadores han solicitado informaciones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Cámara de Comercio, al Registro de Títulos y a las autoridades del sector bancario y financiero, entre otras.
Una fuente de irrefutable crédito ligada la investigación declaró a El Nacional que como respuesta, los investigadores han recibido miles de informaciones sobre propiedades y cuentas puestas a nombre de testaferros.
“La investigación marcha muy bien. Se siguen solicitando y recibiendo miles de informaciones sobre propiedades y cuentas, analizándolas, rastreando el dinero de los sobornos.
Tenemos plazo hasta enero y vamos bien hasta ahora”, dijo la fuente.
Sostuvo que la investigación se encuentra enmarcada en las indagatorias a los implicados y posibles testaferros, con las tramitaciones de más de 200 solicitudes de datos a las autoridades bancarias, DGII, Registros de Títulos y Cámara de Comercio.
Los encartados
Los imputados, todos con medidas de coerción, son Ángel Rondón Rijo, Temístocles Montás, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Conrado Pittaluga, Bernardo Castellanos, Andrés Bautista, César Sánchez, Roberto Rodríguez, Máximo D’Oleo y los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como también el diputado Alfredo Pacheco.
El plazo
La Procuraduría General de la República tiene de plazo hasta enero del próximo año, para presentar acusación formal contra los 14 implicados en el caso y contra otros que pudieran resultar implicados en sus acciones.
La acusación deberá ser presentada por ante el magistrado Francisco Ortega Polanco, designado como juez de la Instrucción Especial por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para la instrumentación del caso.
La corte
El 14 del próximo mes, la Corte de Apelación de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente conocer el recurso de apelación que interpuso la Procuraduría General de la República contra la decisión del magistrado Ortega Polanco, que dispuso la libertad bajo fianza del empresario Ángel Rondón y del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
A ambos, el juez Ortega Polanco les varió las medidas de coerción de prisión a libertad provisional, lo que motivó que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa interpusiera un recurso de apelación a fin de que les revoquen la libertad.
El magistrado Ortega impuso una garantía económica de 70 millones de pesos a Ángel Rondón y 50 millones de pesos a Díaz Rúa mediante una empresa aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.
El dato
Apelación a dos imputados se conocerá 14 de noviembre.
