El Congreso Nacional se ha convertido en ergástula del nuevo Código Penal que no ha sido convertido en ley porque los legisladores, enredados en madejas de intereses fácticos, políticos y económicos, se han vuelto inhábiles para aprobar un estatuto que es vital para la democracia, gobernanza y convivencia.
A pocos días de concluir la presente legislatura es poco probable que ese proyecto sean sancionado en la Cámara de Diputados y menos aún que retorne al Senado con nuevas reformas, lo que constituye un gran motivo de vergüenza e indignación.
Un legislador del partido oficialista tuvo ayer un arranque de inusitada sinceridad al confesar que el Código Penal sería aprobado por nuevos legisladores, en el entendido de que las diversas bancadas congresuales parecen coincidir en mantenerlo encerrado hasta que muera al término de la legislatura.
Ese vendaval de irresponsabilidad atribuyó a la Iglesia católica y de otras denominaciones la imposibilidad de convertir en ley ese proyecto, por su férrea oposición a la aprobación del aborto en tres causales, pero el clero y voceros de los evangélicos censuraron que no haya sido aprobado.
A las comunidades cristianas les asiste derecho a oponerse a que se incluya en el Código Penal el consentimiento de la interrupción del embarazo, aun sea de forma limitada, como también otras instituciones de la sociedad tienen potestad cívica y legal para respaldarlo y promoverlo.
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El Congreso ha sido instituido como Poder del Estado con la función principal de conocer, aprobar o rechazar proyectos de ley sometidos por propios legisladores, Poder Ejecutivo, Suprema Corte de Justicia y Junta Central Electoral, pero no para adrede engavetarlos o dejarlos perimir.
Cualquier ley o código votado por el Poder Legislativo puede ser observado por el presidente de la República e impugnado por personas físicas o jurídicas ante el Tribunal Constitucional, pero no es decente que de antemano se vete un proyecto de ley por conveniencia o cobardía.
Quienes entre los 32 senadores y 190 diputados, que por acción u omisión actúan como cómplices de esa conducta indigna y vergonzosa, cargarán con el estigma político de haber condenado a la horca al nuevo Código Penal, un dilatado anhelo de la sociedad, que electores no olvidarán a la hora de sufragar.
