A propósito del llamado a desarme de la población

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A los gobiernos y demás funcionarios del Estado corresponde garantizar la seguridad de la población y sus propiedades; igualmente prevenir, regular y controlar lo referente a las armas, tal como manda la ley 36, es compromiso, es juramento por parte de las autoridades del Estado la incautación y sometimiento a la justicia por el porte, tenencia de armas ilegales y el tráfico de las mismas, también por la violación a la ley general de aduanas la importación o introducción de armas por canales ilegales e irregulares, no entendemos entonces qué persiguen las autoridades, con estos necios y ruidosos anuncios. Que a mi entender solo buscan distraer frente a su incapacidad.

Algunas estadísticas de interés que nos ayudaran a entender la complejidad y magnitud del problema de la violencia y la criminalidad en relación con las armas en general, de fuego y blancas.

De enero a julio han perdido la vida 576 personas víctimas de armas de fuegos y 227 por armas blancas, datos de la Procuraduría.

El FOB, costo del arma en fábrica, paga Impuesto Selectivo 78%, 20% Arancel, 18% ITBIS y 10 mil pesos de permiso de porte y tenencia de una arma de fuego, ascendiendo a un costo promedio de 200 mil pesos para el arma legal. Mientras en el mercado ilegal el precio es de 50 mil pesos para adquirirla.

En investigación que realizara en el 2004, fuente las FFAA, para ese entonces en el país habían registradas 120 mil armas en manos de los militares, 50 mil en manos de los policías y 350 mil en manos de la población civil aproximadamente. Esto excluye las armas de los funcionarios, los delincuentes y el resto de la población que tienen armas sin registrar, las cuales sobrepasan el millón de armas ilegales de todo tipo, según mi apreciación y de otros analistas del tema.

En estos momentos según el SISNA en el país existen 240 mil armas legales en manos de los ciudadanos, de estas solamente 125 mil son renovadas cada año. Desde octubre del 2013 hasta la fecha interior y policía ha registrado 40 mil licencias inteligentes a través del SISNA, Sistema Nacional de Armas, dependencia del Ministerio de Interior y el LABBS Laboratorio Balístico y Biométrico que es una empresa privada asociada al SISNA, este sistema costó al Ministerio de Interior 20 millones de dólares y el mismo no tiene utilidad para las autoridades de seguridad, por no haber interés en sistematizar las tecnologías de comunicación entre dichas agencias de seguridad.

Pero a causa de la ausencia de instituciones capaces de garantizar la persecución y el control de las armas ilegales. Sumado a esto, el Estado dominicano no cumple con la seguridad pública de la sociedad dominicana, con este fracaso en la prevención, el control y la persecución del crimen. Dejan y han provocado que los ciudadanos crean imprescindibles cuidarse por ellos mismo.

Por tales razones, lo recomendable es la organización y control estricto para el uso y tenencia de armas de fuegos y armas blancas, hasta tanto estemos preparados para el desarme general en un tiempo que veo difícil determinar.