La Procuraduría General de la República inició un proceso de rescate de los bienes incautados que se encuentran en deterioro, incluyendo los de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados, que dirige el licenciado Laureano Guerrero.
La información la ofreció la licenciada Gladys Checo, directora de la la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, quien dijo que Guerrero está cumpliendo satisfactoriamente con el llamado que se le hizo para que entregara las propiedades que tiene a su cargo.
“Estamos rescatando todos los bienes que se encuentran en estado de deterioro, no sólo los de la oficina de Guerrero sino todos en sentido general y para esos fines estamos trabajando especialmente con las fiscalías”, sostuvo Checo.
La pasada semana, Checo emplazó a Guerrero a entregar mediante inventario los bienes que aún conserva, y que fueron decomisado al narcotráfico y lavadores de activos. El emplazamiento le fue hecho en el entendido de que es la Procuraduría General de la República la facultada por la ley para administrar esas propiedades.
Checo afirmó que por mandato expreso de las leyes, decretos y resoluciones vigentes, el Ministerio Público es el órgano del Estado responsable de la custodia y manejo de las propiedades incautadas y que como tal, el procurador es el responsable del cumplimiento de esas disposiciones.
En respuesta al director de la Oficina de Custodia, la funcionaria dijo que a partir del decreto 571-5 de octubre del 2005, la Procuraduría es la responsable de la custodia y administración de dichos bienes.
Sostuvo que es el decreto 571-5 y los artículos 278 y 289 del Código Procesal Penal que ponen a disposición del Ministerio Público dichos bienes, como forma de asegurar y preservar los elementos de pruebas esenciales en la ocurrencia de infracciones penales.
Las resoluciones 14383 y 14390 del 11 de noviembre del 2005 del procurador general de la República, establecen el Reglamento Operativo de la Oficina de Control de Evidencias del Ministerio Público y la creación de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados y la Ley Orgánica 133-11.
