El titular del Poder Ejecutivo es el producto de una imposición a través de trampas, clientelismo, tráfico de influencias, represiones, abuso de poder, dictadura mediática y manipulación del sistema electoral.

Ese presidente está montado sobre una Constitución diseñada e impuesta para conformar lo que se ha llamado una dictadura constitucional o una dictadura institucionalizada.

El poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder militar-policial y una parte del poder mediático conforman una cadena de instituciones bajo control de una especie de corporación de la corrupción y de los grandes receptores de las superganancias capitalistas.

Esa dictadura institucionalizada ya no solo responde a su principal ideólogo, Leonel Fernández, sino que es compartida y está siendo manejada a través de un pacto concertado en la cúpula peledeísta, en el que Danilo Medina y el danilismo han pasado a jugar un papel bastante relevante después de su imposición como candidato ganador.

El gobierno actual es una amalgama de leonelismo y danilismo, bajo un fuerte manto de impunidad tendido por poderosos intereses de facciones de la burguesía transnacional y criolla y por el patrimonio robado por una élite partidocrática convertida en lumpen-burguesía burocrática. El reciente paquetazo neoliberal y la forma de imponerlo ha sido muy revelador de las esencias de un viejo régimen con un nuevo presidente.

La tutela neoliberal de los centros decisorios del capitalismo global y el creciente proceso de putrefacción institucional a cargo de una partidocracia cada vez más degenerada, impiden que cualquier reivindicación de justicia o de bienestar colectivo pueda tener espacio en el seno del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral de este país.

Con esas instituciones al servicio de la clase dominante todo irá para peor, lo que no excluye ciertos giros y sinuosidades forzadas por la presión popular.

Con este orden constitucionalinstitucional no habrá gestión pública responsable, ni régimen fiscal justo; menos aun un pacto educacional digno, una política energética para el bien común o políticas públicas que preserven el ambiente y el patrimonio natural y cultural de la nación.

Entonces, si se trata de instituciones decadentes e infuncionales para la sociedad, ¿qué se puede esperar de ellas? ¿Por qué seguir haciendo el juego a sus simulaciones? ¿por qué no decidirnos a acorralarlas, impugnarlas, cercarlas y resquebrarlas camino a su reemplazo vía la Constituyente Popular?

La estrategia social reformista no tiene espacios receptivos en este tipo Estado.