El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) llevó al Senado sus diferencias en torno al miembro que aspiran le otorguen en la conformación de la nueva Junta Central Electoral (JCE).

Una fuente confiable reveló que el presidente del Senado, doctor Reinaldo Pared Pérez, le dijo en tono algo molesto que se pusieran de acuerdo para que su sugerencia sea tomada en consideración.

Muy activos se vieron ayer en el Senado al secretario general del PRSC, ingeniero Ramón Rogelio Genao y al ex presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Luis José González Sánchez, así como a seguidores del presidente de esa organización, ingeniero Carlos Morales Troncoso, quienes no se identificaron.

Un grupo de dirigentes del PRSC propugna por la designación de Francisco Féliz y Féliz (Quico) y Rafelina Peralta y otro por Polivio Rivas y Alfredo González.

Féliz y Féliz es juez de la Cámara Administrativa de la JCE, en la que ha desempeñado una buena labor.

En tanto, Rivas y González son suplentes de jueces de la JCE.

Se ha comentado que de los cinco miembros de la JCE que sería designada por el Senado el próximo miércoles, el PLD que tiene mayoría en el pleno daría uno al PRSC y otro al PRD.

Los tres restantes serían dos para el PLD y uno para la sociedad civil.

En el PRD hay una pugna en torno al representante, unos favorecen al doctor Eddy Olivares, actual miembro de la Cámara Contenciosa y otros al doctor Marino Mendoza y al licenciado Rafael Díaz Filpo.

Sesenta y cinco de los 75 diputados del PRD depositaron una carta respaldando las aspiraciones de Olivares.

Posteriormente, en una vista pública de la comisión del Senado que encabeza la vicepresidenta de ese organismo, licenciada Cristina Lizardo para la selección de los jueces de la Junta, una delegación de diputados del PRD, encabezada por Alberto Atallah reiteró ese apoyo.

Díaz Filpo cuenta con la recomendación de instituciones de la sociedad civil y un sector del PRD.

Hoy concluyen las entrevistas con los aspirantes a integrar la JCE que será nombrada por un período de seis años, según lo establece la Constitución promulgada el pasado 26 de enero.