El caso del plantel en construcción en Cancino Adentro que desde 2014 es ocupado en alquiler por haitianos legales e ilegales no puede limitarse a una simple recuperación y desalojo de la edificación.
El primer paso podía ser la intervención y depuración de los ocupantes que tras las denuncias dispuso la Dirección de Migración. Hay que determinar las razones por las que la construcción está abandonada para tomar las acciones de rigor, pero también detener e interrogar a los avivatos que la alquilaban como si fuera de su propiedad.
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Con la obra no puede pasar lo mismo que con muchas otras en las que el Gobierno ha decidido exonerar de responsabilidad a los contratistas y asumir la carga financiera. Cada quien, en este caso, tiene que cargar con su responsabilidad.
El caso del plantel permite pensar en la gran cantidad de obras escolares esparcidas por el territorio que están en las mismas condiciones que el plantel de Cancino Adentro.
Con la escasez de aulas para la apertura de la docencia, que ha llevado a buscar locales en alquiler, el caso es todavía más dramático.
El Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la República, la Policía, Migración y todas las instancias que tengan algo que ver con el escándalo tienen que unirse en una investigación exhaustiva para encontrar la verdad. Es una petición que ni siquiera debe hacerse, pues cae por su propio peso.
