El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, restó hoy calidad moral al gobierno de los Estados Unidos para cuestionar supuestas violaciones de los derechos humanos de los haitianos en República Dominicana.

Destacó que en esa nación es la única del mundo donde todavía mantienen 7 tipos de pena de muerte y que nunca firma una carta para garantizar el derecho a la vida.

Citó que en Estados Unidos existe pena de muerte por ahorcamiento, fusilamiento, inyección letal, electrocutamiento y otras.

“Estados Unidos siempre lo he dicho no tiene moral para acusar a ninguna nación del mundo en término de derechos humanos y en término de infracción, ellos se creen que son la potencia del mundo y nosotros siempre hemos criticado eso, y se acaban de aprobar US$61 mil millones para garantizar que la guerra en Ucrania, la intervención de Israel en Gaza, donde han muertos más 16 mil niños”, sostuvo.

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Añadió que “entonces para nosotros no tiene ningún valor ningún informe que provenga de los Estados Unidos, es el único país del mundo que aun persisten 7 penas de muerte y no ha firmado ningún tratado para garantizar el derecho a la vida”.

Informó que en el caso de la violación de una niña haitiana por parte de un militar dominicano, es un caso aislado, no una política de la República Dominicana.

Rodríguez Restituyo citó otras infracciones como el tráfico de indocumentados haitianos en la línea fronteriza.

“Son hechos aislados, como existen otras infracciones, nosotros hemos criticado que no hemos podido parar el tráfico de inmigrantes indocumentados en la frontera, eso es una barbaridad con un ejército tan moderno que tenemos. Hay hechos aislados porque todavía no se ha podido acabar con la impunidad en la República Dominicana, ha sido difícil y todos son hechos que se desprende de esa condición”, consideró el también presidente del Partido Frente Amplio (FA).

Estados Unidos acusa el país de violar los derechos de los haitianos con expulsiones masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal y los abusos de derechos humanos asociados.

El informe también cita el cierre de la frontera con Haití por parte del Gobierno en septiembre y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos apátridas, colocaron a poblaciones que ya eran vulnerables en mayor riesgo.

“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos”, señala el informe.