Los violadores del derecho de propiedad, principalmente aquellos que se dedican o patrocinan invasiones de tierra enfrentarán penas muy drásticas previstas en el nuevo Código Penal que entrará en vigencia el próximo 15 de diciembre.

La ley 5869 del 24 de abril del 1962 sobre violación de propiedad privada o pública, abrogada por la nueva normativa penal, castigaba a los infractores con la pena de 3 meses a 2 años de prisión correccional, y multa de 10 a 500 pesos. Esa disposición ordenaba el desalojo de los ocupantes y la confiscación de las mejoras que se hubieren levantado.

Los infractores del derecho de propiedad siempre han gozado de una impunidad absoluta, y parecen inmunes a la ley. Sin embargo, el Ministerio Público, está preparado para perseguir y someter a la justicia a los intrusos de terrenos privados, conforme ha informado la Procuraduría General de la República.

El artículo 289 prescribe que quien invada y ocupe una propiedad inmobiliaria ajena, urbana o rural, pública o privada, será sancionado con uno a dos años de prisión menor y multa de tres a diez salarios mínimos del sector público. El castigo se aplicará cuando la acción delictiva es cometida por una persona.

La situación se agrava cuando la invasión y ocupación de propiedad, cuando la misma es acompañada y seguida de violencia o si se comete con el uso o la amenaza de uso de un arma, o por una persona portadora de un arma. La sanción en estos casos es de cuatro a diez años de prisión mayor.

También se aplica la misma pena cuando las invasiones de tierra son promovidas por un funcionario o servidor público. Asimismo, se aplica igual castigo si hay dos o más autores o cómplices, sin importar que constituyan o no una asociación de malhechores.

Actualmente, hay miles de tareas de tierra ocupadas por supuestos campesinos, y los propietarios no han podido realizar desalojos, puesto que los abogados del Estado de las diferentes jurisdicciones inmobiliaria le han negado la fuerza pública. Se trata de lo que se llama en derecho un delito continuo que cesará cuando se aplique todo el peso de la ley.