Gobierno, clase política ni sociedad parecen tener una idea aproximada de la magnitud de los problemas económicos, sociales y migratorios que confronta la nación. Al menos eso dejan entrever al abordar con tan olímpica superficialidad asuntos tan relevantes como los referidos a la nacionalidad, control migratorio y seguridad fronteriza.

En el primer día de debates sobre reforma constitucional hubo que suspender abruptamente la sesión porque los asambleístas no lograron conciliar la forma de invocar a Dios en el Texto Sustantivo, lo que avizora tediosas discusiones bizantinas en una Asamblea Revisora que ha sido instalada para modernizar la ley de leyes.

Partidos, ni las instituciones básicas de la sociedad se han tomado la molestia siquiera de discutir posibilidad de avenencia en torno a los artículos más relevantes de la Constitución que serían objeto de modificación, ni mucho menos se han ofrecido garantías de que el criterio colectivo sería tomado en cuenta por los asambleístas.

Aunque a nivel público se ha debatido de manera confusa y difusa los temas del aborto y reelección presidencial, la ciudadanía ignora cual sería el destino de otros artículos esenciales de la Constitución, como los referidos al Territorio, Nacionalidad y Ciudadanía, que adquieren dimensiones excepcionales, en razón de la especial circunstancia de que el Estado dominicano comparte la isla Hispaniola con el Estado haitiano.

El constituyente dominicano está abocado a definir con meridiana claridad el concepto de nacionalidad, hoy plagado de ambigüedades o de colisión entre las acepciones Jus Solis, y Jus sanguinis o los derechos adquiridos por nacer en territorio nacional o por ser hijo de dominicanos.

La frontera terrestre dominicohaitiana, de más de 350 kilómetros de extensión, es virtualmente una gran puerta abierta por donde ingresan miles de inmigrantes indocumentados desde el país más pobre del hemisferio occidental, hacia una nación en vías de desarrollo.

La primera ministra Michele Duvivier Pierre-Lois ha advertido ante una conferencia de donantes, que la explosión democrática en Haití es una verdadera amenaza para la estabilidad, un alerta que debería ser escuchado también en el lado dominicano, donde se desarrolla un tipo de inmigración haitiana incontrolable.

Duele mucho admitir que se han iniciado los trabajos de la Asamblea Revisora sin ningún acuerdo político ni social en torno a la modificación o precisión de los conceptos territorio, nacionalidad y ciudadanía.